Olga Pura Arrabal, la jueza federal mendocina conocida por meterse en temas que no le competen, salió a los gritos a pedir ayuda y a denunciar presiones porque una agrupación ligada al líder piquetero Luis D’Elía quiere demandarla por suspender la Ley de Servicios Audivisuales.
Arrabal tildó la medida de improcedente, y así se lo hizo saber a la
Corte Suprema de Justicia, donde pidió una suerte de inmunidad. Claro, esta vez se asustó, porque si la denuncia llegara a prosperar y alcanzara su objetivo (cosa que difícilmente ocurra), tendría que sacar dinero de su bolsillo para pagar una indemnización tan alta que la pondría casi frente a la obligación de tener que vender su casa en Dalvian, donde vive.Las quejas de Arrabal fueron trasmitidas a los medios de comunicación con una velocidad sorprendente; especialmente, por las empresas pertenecientes al Grupo Clarín y por las de Vila-Manzano, a quienes ya supo congraciar con fallos anteriores, tales como la suspensión de la señal de Canal 7 Argentina en Mendoza y el intento fallido de evitar la apertura de nuevos casinos en la provincia.
Para graficarlo mejor: el diario UNO de este mércoles abrió su tapa con un título catastrófico que anunciaba las presiones de la que fue víctima la cándida jueza por grupos kirchneristas que tienen el tupé de pedir el fin de los monopolios de los medios de comunicación. Obviamente, Clarín también llevó a la mendocina en su portada.
Durante los últimos tres años, Olga Pura Arrabal acumuló méritos suficientes para llegar a un jury de enjuiciamiento y ser destituida en cuestión de días. ¿Por qué no ocurrió? Los damnificados por los cuestionados fallos de la jueza quisieron evitar la exposición pública, y una vez solucionados sus problemas, prefirieron “dejarla pasar”.
Para hacer un poco de memoria, hay que recordar que Arrabal suspendió la aplicación de la nueva Ley de Medios luego de que el diputado mendocino, Enrique Thomas, triste y acongojado por perder el debate en el Congreso de la Nación (la norma fue aprobada por votación mayoritaria) buscó consuelo en la Justicia Federal Mendoza, donde denunció algo así como un error de procedimiento; siempre bajo la atenta mirada de los dueños del Grupo Uno, que lograron en cuestión de días lo que Héctor Magneto (CEO de Clarín) no consiguió en meses.
La Ley de Servicios Audiovisuales quedó suspendida. El Gobierno Nacional tuvo que resignarse a la resolución judicial de Arrabal. Y pasó acá, en Mendoza.
*El apellido es Arrabal pero sectores mendocinos lo cambiaron por el nombre de la empresa de cable del Grupo UNO y Clarín
Fuente: Mdzol
