Por: Alejandro Alfie
En esta partida de ajedrez en que se convirtió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, dos diputados mendocinos están librando una dura batalla legal, con avances y retrocesos.Pero la última movida -a cargo del diputado kirchnerista Jorge Alvaro- el 30 de diciembre logró que se postergue hasta febrero la notificación al Gobierno del fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, que suspendió la aplicación de la ley.
Alvaro consiguió ganar tiempo para el Gobierno al constituirse como parte en la demanda que había presentado otro diputado mendocino, Luis Enrique Thomas, del PJ disidente que comanda Felipe Solá. De este modo, el kirchnerista obtuvo al menos un mes para la apelación del Gobierno al único fallo que suspendió toda la Ley de Medios (los otros tres dejaron en suspenso algunos artículos). Al no ser notificado, el Gobierno puede actuar como si el fallo no existiera.
"La notificación al Gobierno se va a hacer en los primeros días de febrero" y, por eso, su efecto se va a atrasar alrededor de un mes, aseguró el diputado Thomas.
"Hasta que una medida cautelar no se notifica, no tiene efecto, más allá de su dictado", explicó el profesor de Derecho Constitucional de la UBA Andrés Gil Domínguez. A su entender, como la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley se hizo pública, "el Estado debería actuar con prudencia, ya que hay una medida dictada, más allá de que no haya sido notificada a una de las partes".
Sin embargo, se está dando una situación muy particular, ya que "están funcionando en simultáneo la nueva Ley de Medios y la vieja Ley de Radiodifusión, con los organismos de aplicación de ambas leyes, como son la nueva Autoridad Federal y el viejo ComFeR, lo cual es un desquicio", sostuvo Gil Domínguez. Y agregó: "Esto no pasa en ningún otro país".
Por este motivo, la diputada Margarita Stolbizer adelantó que entre el lunes y el martes próximos va a presentar un "pedido de informes" al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para que explique por qué están funcionando en simultáneo los dos organismos de aplicación de la Ley de Medios y de la anterior Ley de Radiodifusión.
La titular del bloque de diputados del GEN señaló que su pedido será "en el marco del Decreto 1.172, de acceso a la información pública, que debe ser respondido en un plazo de diez días. Si no lo hacen, hay sanciones y se habilita el pedido de amparo".
Según Stolbizer, la situación planteada en Mendoza le permitiría al Gobierno aplicar parte de la Ley de Medios durante la feria judicial de enero, con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en funciones, cuyo presidente es Gabriel Mariotto.
Pero, como el viejo ComFeR -cuyo interventor también es Mariotto- está dictando resoluciones en las que otorgó más de 100 licencias de radio durante los últimos diez días, se produjo una situación "de falta de transparencia y de falta de convicción democrática sobre cómo tiene que manejarse la autoridad de aplicación de la norma", dijo Stolbizer.
Con la presentación del diputado kirchnerista de Mendoza, el Gobierno gana tiempo para aplicar parte de la ley. Mientras tanto, Stolbizer pretende que el jefe de Gabinete informe sobre la superposición de normativas y de organismos de la anterior y la nueva ley de radiodifusión.
La defensa oficialista (NdE: en la imagen puede leerse la misma nota que publicó Clarín con la diferencia que el diario del mismo grupo publica quien es la "fuente oficialista")"Las medidas dictadas por jueces de Capital, Salta y Mendoza carecen de solidez jurídica para poder mantenerse en el tiempo. Son parte de una estrategia (que incluye otros juicios que irán apareciendo) destinada a ganar tiempo y desgastar".
Ese es el análisis que sobre los tres primeros fallos contra la Ley de Medios hizo ante correligionarios una fuente oficialista. "Nuestro desafío -agregó en una nota titulada Mantenernos Atentos- es lograr que la ley se mantenga activa, si es posible aun durante la feria judicial".
Según enumeró la fuente, el primer caso contra la norma (Clarín-juez Carbone) está apelado. "El segundo (Adelco-Salta), de alcance provincial, es una medida que el juez concede en nombre de los ciudadanos", continuó.
Y esgrimió el argumento que usará para combartirla: "No se puede sustraer el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad en nombre de los intereses de ciertos consumidores".
Para el oficialismo, el fallo de Mendoza "es el más tortuoso, porque invoca cuestiones de procedimiento en el tratamiento y aprobación de la ley en Diputados". Estas supuestas irregularidades "surgen de los discursos opositores", añadió. "Semejante disparate jurídico sólo se entiende por la connivencia del juzgado con los poderes mediáticos y económicos locales", acusó.
Fuente: Diario Los Andes
