jueves, 30 de abril de 2009

Felipe Solá cuestionó el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

"La Argentina merece tener una ley de Radiodifusión, que debe tener como objetivo defender al usuario, para que el precio del cable esté al alcance de la gente", dijo el diputado nacional.
El diputado nacional Felipe Solá sostuvo hoy que se deben defender los contenidos que brindan las empresas de cable del interior y cuestionó al nuevo proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que propicia el Gobierno. "La Argentina merece tener una ley de Radiodifusión, que debe tener como objetivo defender al usuario, para que el precio del cable esté al alcance de la gente. Para eso debe haber competencia y no monopolios o oligopolios, ya que tenemos que defender los contenidos y que cualquier persona pueda tener cable, porque el que hoy no lo tiene está fuera de una gran parte de la cultura informativa". Ante esto, Solá aclaró que "hay una discusión central que conmueve a los dueños de las empresas de cable que están aquí debatiendo, que es la amenaza desde el Gobierno con su nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que permite el ingreso al mercado de grandes empresas que facturan diez veces más que las más grandes empresas de cable, como son las empresas de telecomunicaciones de origen extranjero que operan en el país". "Esas compañías obtuvieron las licencias con el compromiso del no manejo de los contenidos culturales, es decir que no podían tener la explotación de cables. Por eso, creo que debemos hacer una nueva Ley y defender lo que ha funcionado bien desde hace treinta años y pedir que ahora se escuche también la opinión del interior y no solo la opinión de Buenos Aires", indicó el hasta ahora diputado del peronismo disidente.
Felipe Solá señaló “lo cierto es que el cable cambió la geografía cultural e informativa argentina”. Acotó que así como atribuyen a Perón la frase: "desde que se inventó la Spika se acabaron los giles" y lo mismo ocurrió con el cable. “Con el cable la gente comenzó a informarse y través de una industria que creció de abajo hacia arriba, que arrasó mucho de lo estructurado y aquello de la programación en cadena -propio del proceso militar- se fue destruyendo”.
“Aumentando el grado de identidad y poder local, porque en vez de ser informado de misceláneas, la gente sabe ahora lo que pasa en su localidad.
Hoy la cancha está inclinada en contra de las pymes argentinas y eso ocurre también contra la industria del cable. El cable ha contribuido y ha acompañado muy bien a la democracia.
Hoy se discute qué hacemos con este modelo: si lo cambiamos o lo preservamos. Ocurre que ha sido exitoso; si lo cambiamos no podremos conservar lo exitoso”.
Estamos hablando -dijo Felipe Solá- de usuarios de cables, que son ciudadanos y antes que nada debemos defender al usuario y sus derechos.
No es abriendo el juego del mundo de las telecomunicaciones como se van a defender esos derechos, porque esas grandes empresas son monopólicas y oligopólicas.
Y porque las grandes empresas han aprovechado la infraestructura generado por el pueblo argentino durante mucho tiempo.
Pretender que hay una lógica tecnológica vinculada a la evolución tecnológica y que por ello las redes confluyan. No es cierto. Eso lo van decidir los hombres y debe ser discutido por los hombres, pero no en un momento electoral como este momento.
Y no por un gobierno que esté enfrentado con uno de los operadores de cable, porque eso está sospechado de nulidad. En suma el gobierno pretende sumar un elemento de presión y control.
Será el 10 de diciembre -cuando se instale un nuevo parlamento- el momento para discutir una nueva legislación.

Fuente: Diario La Capital y Portinos

Ley de Comunicación: luces y sombras de un debate sin fin

Por: Clarisa Herrera
La Universidad de Belgrano organizó uno de los tantos debates donde la sociedad civil está discutiendo los alcances del anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Representantes del sector público, privado, técnicos y universitario discutieron los puntos principales de la nueva Ley.
En torno a la nueva Ley de Comunicación, se discute por primera vez públicamente una política de medios. A partir del anteproyecto que el Poder Ejecutivo presentó, se abrió un plazo de sesenta días para realizar un debate en la sociedad antes que ingrese en el Congreso. ONG´s, políticos, ciudadanos, empresarios, estudiantes y medios de comunicación participan activamente de foros y encuentros que discuten los principales puntos. Por un lado, los voceros oficiales entienden la comunicación como un “derecho humano” y defienden la multiplicidad de voces como su garantía, la oposición y algunos medios hablan de un intento de control de la libertad de expresión. En el medio, una Ley añeja y dictatorial que exige revisión inmediata para aggiornarla a los drásticos cambios ocurridos en los últimos treinta años. “Hablamos de años y años en que sí hubieron políticas de comunicación, pero realizadas en forma arbitraria, oportunista y defendiendo intereses. Ahora hay espacio de debate en la opinión pública y la regulación tiene que existir, no en los contenidos, pero sí en el funcionamiento del sistema” indica Guillermo Mastrini, Director de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

Puntos polémicos
El proyecto apunta a limitar los multimedios, no permite a los dueños de canales de aire ser propietarios de cable en la misma área geográfica, por su parte, las operadoras de cable no pueden operar en más de 24 localidades a la vez, impidiéndoles tener más del 35% de abonados sobre el total nacional. Respecto de las licencias, su extensión baja de 15 a 10 años, prorrogable por otros diez años. Por otro lado, un 33% del espacio radioléctrico es para canales y radios de organizaciones sin fines de lucro que hasta ahora no podían ser propietarios de licencias. Las productoras que generan señales de televisión o contenidos y las agencias de publicidad también deberán tener una licencia.

Palabra oficial
Por un lado, la postura oficial reivindica como un derecho el acceso a recibir información diversa, evitando el problema que entiende se suscita -sobre todo en el interior del país- cuando existe solo un medio de comunicación. La concentración en pocas voces impide que una pluralidad de información conforme una opinión pública con más argumentos. “Los medios influyen directamente en las opiniones del público, manipulando sus percepciones de la realidad. ¿Libertad de prensa es igual a que el Estado de abstenga? –se pregunta Gonzalo Carabajal, Gerente de Comunicación Audiovisual de Télam- décadas atrás puede haber sido así, pero ahora es su obligación estatal garantizar el derecho y achicar las brechas comunicacionales existentes”.

Voces disidentes
El testimonio de los representantes de medios y de un sector de la oposición reconoce las “buenas intenciones” del proyecto, atacando algunos puntos: “Si no se pueden licitar más canales abiertos, que es lo que ocurre hace años, la televisión por cable suple esa falencia, sobre todo en el interior. Siempre existe la opción de hacer zapping, además, la riqueza es tener medios independientes” señala Eugenio Sosa Mendoza, Director de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín. Para el multimedios, algunos artículos van en contra del libre ejercicio de la libertad de prensa y tiende al control de los medios. “Veinte años no es un horizonte de tiempo suficiente para hablar de negocios, más con el know how que exige manejar un medio” agrega. En este punto, Mastrini disiente. “Entiendo que 20 años en un tiempo razonable como horizonte de negocios, además la Ley no dice que no puedas continuar propietario, sino que da en concurso la oportunidad que otros puedan medirse en las mismas condiciones”. Respecto de la operación de los canales de cable se dan las mayores polémicas. “Si tenés éxito y te eligen, ¿por qué me castigan sacándome clientes? ¿Qué criterios definirán la zona de influencia de mis 24 localidades? Además no hay antecedente en el mundo que impida a quienes tengan canal de aire tener señal de cable. Estas cuestiones atentan contra la libre competencia del mercado” apunta Sosa Mendoza. La oposición por su parte señala el peligro de la inseguridad jurídica ya que de aprobarse la Ley se aplicaría sobre los derechos ya adquiridos por los medios.

Deudas digitales

“Somos de los pocos que legislamos luego que la tecnología ya está en funcionamiento” afirma Silvana Giudici, Diputada Nacional por la UCR, ocurre que si bien la digitalización en los medios es un hecho, la Ley pretende legislar el funcionamiento de los medios analógicos. “El proyecto no contempla lo digital cuando estamos a las puertas de la norma de tv digital, la tv móvil, la tv por Internet y la satelital, nada de esto está aclarado. Si bien el contenido tiene buenas intenciones, veo inviable el proyecto desde lo técnico, porque falta compatibilizar la realidad técnica con la jurídica” explica Miguel Pesado, experto en Comunicación y Radiodifusión. Un canal no podría por ejemplo brindar radiodifusión móvil, que estaría sujeta a nuevas licencias. “Si tengo el know how para hacerlo debería ser una evolución natural” indica Pesado. Por otra parte, la definición de “Comunicación Audiovisual” de la Ley es muy amplia: “Comprende la radiodifusión televisiva hacia receptores fijos y móviles”. Algunos especialistas creen que los contenidos audiovisuales de una página web podrían ser alcanzados por la normativa, pero sobre este punto aún falta especificación.

Fuente:
Infobrand

“Clarín tomó lo que le convenía del discurso que hice en Mar del Plata”, afirmó el titular del SAT

El secretario general de Sindicato de Televisión, Horacio Arreceygor, dijo que el matutino cambió el sentido de sus palabras cuando habló sobre el proyecto oficial de Comunicación Audiovisual. “Estamos con la ley, no criticamos sino que expusimos nuestra posición”, afirmó.
El titular del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Horacio Arreceygor, acusó al diario Clarín de editar un discurso que dio en Mar del Plata sobre la Ley de Comunicación Audiovisual cambiando el sentido de sus palabras.
“Clarín tomó el discurso que hice en Mar del Plata, lo que a ellos les convenía. Dije lo mismo que en el Teatro Argentino de La Plata y allí no hicieron ninguna mención”, sostuvo en declaraciones a TelAm.
“Somos fundadores de este proyecto, estamos con la ley y con el gobierno, no criticamos, como dice Clarín, sino que simplemente expuse nuestra posición, pero a modo de aporte y de búsqueda de una salida para que la Ley en definitiva constituya la solución que todos estamos reclamando”, agregó.
“Lo que quiero aclarar es que nosotros presentamos en el 2002 un proyecto que incluso llegó a tener estado parlamentario y que paradójicamente fue impulsado por los diputados Stolbizer y Carbonetto, los mismos que ahora se niegan a tratarlo”, indicó el presidente del SAT.
El directivo agregó que “lo que nosotros hemos planteado, y lo hemos hablado con Mariotto, es que tenemos miedo a la participación de las telefónicas en el proyecto, y que por eso es necesario poner límites, lo mismo que al accionar de las cooperativas en las ciudades chicas del interior del país”.
Además, puntualizó que “está claro que con esta ley actual no se puede seguir y que el proyecto que se está discutiendo es lo mejor que se puede plantear. Por eso nosotros queremos participar, así como participamos de los 21 puntos y discutimos desde adentro todas las posibilidades”.
“Por eso es que estamos proponiendo cambios para que no se monopolice para el otro lado y sea peor el remedio que la enfermedad, pero de ninguna manera criticamos un proyecto que es en gran medida nuestro”, concluyó.

Daniel Santoro: “El gobierno de Kirchner ha sido poco tolerante y no comprende el rol de la prensa”

Por Ximena D'Adam
Daniel Santoro, editor de la sección “El País” del diario Clarín, se especializa en casos de corrupción y es el periodista que investigó el tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia, que llevó a prisión al ex presidente Carlos Menem, durante seis meses, en el 2001. En diálogo con San Pablo, relata cómo ve la relación de los medios con la política y con la libertad de prensa.

¿Cómo comienza tu carrera de periodista?
Yo soy egresado de la facultad de periodismo de la Universidad de La Plata, me recibí en el año 1983, pero ya hacía, por lo menos, dos años que estaba trabajando en diarios locales. Empecé trabajando en el diario El Sol de Quilmes y, después de ahí, pase a Radio Provincia de la Plata; en el año 82, entré en la Agencia Noticias Argentinas, y, en el año 90, ingresé en el diario Clarín, donde actualmente soy editor de la sección “El País”.

¿Cómo fue, a lo largo de tu carrera, tu relación con la política y con la libertad de prensa?
Cuando comencé a trabajar, no existía la libertad de expresión, porque era la época de la dictadura. Había 100 periodistas desaparecidos, y eso provocaba un temor enorme. Yo no viví esa persecución nacional, porque era muy joven, pero recuerdo haber escrito un par de notas en el diario regional, lo cual implicaba un control de la policía que venía a la redacción a preguntar e investigar. Sobre todo porque habíamos hablado sobre el caso de los estudiantes desaparecidos en el politécnico Berazategui. Por suerte, a partir del 83, eso fue cambiando y se fue afianzando la libertad de expresión en la Argentina. A medida que se aprendió a hablar, a usar ese derecho, te diría que los militares dejaron de ser una amenaza para la democracia.

Desde el retorno de la democracia hasta ahora, ¿cómo ha variando la relación de los medios con la política y la libertad de prensa?
Yo creo que hubo una luna de miel de la sociedad argentina con Alfonsín, también de los medios de comunicación, que se mostraban tolerantes, porque era un presidente débil, en el sentido de que tuvo cuatro rebeliones militares que soportar. Cuando Menem asumió en el 89, y la democracia estaba más consolidada, los medios fueron siendo más críticos y menos tolerantes, especialmente, en los casos de corrupción del Gobierno de Menem. Pero, en la segunda presidencia de Menem, los medios se soltaron, y hubo como una explosión de la función más importante de la prensa: ser el perro guardián de la democracia, el controlador del poder de turno, y se hicieron muchas investigaciones periodísticas sobre la corrupción en el Gobierno de Menem, en parte, porque la sociedad civil impulsó a los periodistas.

¿Qué opinas de las regulaciones de hoy en día sobre la prensa y la nueva ley de radiodifusión?
Yo creo que, con el Gobierno de Kirchner, también sucedió esto de la luna de miel de la sociedad civil y el Gobierno. Pero después Néstor Kirchner empezó a tomar una serie de medidas preocupantes para los periodistas. Primero, que no dio ni una conferencia de prensa en los cuatro años de mandato, Cristina dio una sola conferencia, y la forma que tenemos los periodistas de ejercer nuestra tarea es preguntando lo que le interesa al pueblo. Segundo, Cristina bloqueó un proyecto de ley de acceso a la información pública; con el decreto 1172 que sacó Néstor Kirchner, en el año 2003, no alcanza, se necesita una ley para llegar a los documentos públicos.
Yo soy miembro del Foro de Periodistas Argentinos, soy directivo y, hasta el ante año pasado, era Presidente. Desde allí, reclamamos que no haya discriminación en el reparto de la publicidad oficial, también nos preocupa que el Gobierno de Néstor Kirchner haya extendido, por 10 años más, todas las licencias de radio y televisión, en vez de llamar a licitación pública como corresponde. Tanto en la gestión de Néstor como en la de Cristina, han ocurrido ataques individuales a periodistas. Los presidentes tienen derecho a decir no me gustó tal nota, pero no pueden atacar a las personas. El gobierno de Kirchner ha sido poco tolerante y no comprende el rol de la prensa.

¿Cómo es la libertad de prensa en la Argentina, en comparación con otros países?
Excepto Cuba, en toda América Latina, hay libertad de expresión; en Venezuela, Chávez no renovó licencias y tomó medidas impositivas sobre medios de comunicación, y se percibe un clima de intolerancia y de polarización muy peligrosa. Algo parecido pasa con Evo Morales en Bolivia y con Correa en Ecuador. Haciendo autocrítica, los medios de comunicación deberían ser más transparentes y ejercer autocontrol, contar con un código de ética y un decálogo de estándares profesionales.

Desde la restauración de la democracia hasta ahora, ¿cuál fue el período que tuvo más libertad de prensa?
Eso es difícil de medir, porque Menem, por ejemplo, daba conferencias de prensa, no obstante, los funcionarios del Gobierno iniciaron 100 juicios por calumnias e injurias en contra de periodistas, que es una amenaza bastante grave. Libertad de expresión hubo en todo el período, pero los periodistas estamos reclamando herramientas de trabajo histórico: una ley de acceso a la información pública, la despenalización del delito de calumnias e injurias, hoy, un periodista puede llegar a ir preso, por un error en una nota.

¿Quisieras agregar algo más?
Yo creo que el Gobierno de Cristina daría un buen ejemplo, si sanciona una ley de acceso a la información pública, si se saca una ley para fijar un criterio en la publicidad oficial, y no que sea utilizada como un medio de presión como sucede ahora. Hoy, al que critica al Gobierno no se le da publicidad oficial, como en el caso del Grupo Perfil, y al que no critica sí, como algunas Radios y Canales de televisión. También sería importante que brinde conferencias de prensa en forma sistemática. Son una serie de cosas que mejorarían la relación entre los medios y el Gobierno, y nuestro trabajo diario.

Mondino: “Debemos ir a un gran debate con una ley marco de comunicación donde estén todos los sectores involucrados"

Distintos referentes políticos cuestionaron la iniciativa oficial de generar una nueva ley de radiodifusión. El escenario fue el IV Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cable Modem que se realiza en Mar del Plata. Del panel en cuestión formaron parte el ex intendente marplatense y una de las principales figuras del vicepresidente Julio Cobos, diputado Daniel Katz; la diputada radical y presidente de la Comisión de Libertad de Información de la Cámara Baja, Silvana Giudici; el ex defensor del Pueblo de la Nación y candidato a senador cordobés, Eduardo Mondino; el ex secretario de Cultura, Julio Bárbaro, y el diputado macrista Federico Pinedo.
En este panel se discutió sobre la “modificación de los marcos regulatorios, amenaza hacia una industria desarrollada”.
Para Mondino "los medios de comunicación son parte del desarrollo integral de las personas", y agregó: "que se proponga en tiempos electorales, sin duda, empaña el tratamiento del proyecto. Cuando se está en medio de un debate como el de las elecciones, el proyecto mismo se ve viciado".
"Este proceso político se caracterizó por la superposición y eliminación de todos los organismos de control, lo cual desembocó en terminar con la capacidad de control de todos los entes, y redundó en una concentración" dijo.
"Para ello, dictó una serie de normativas y produjo algunos marcos, para justificar el escenario actual de intervención de todos los entes con injerencia del ejecutivo, un síndrome de pertenencia. Además los órganos constitucionales, como la Fiscalía de Investigaciones, la AGN y la Defensoría, contaron con dificultades constantes para desarrollar su rol, desde este punto de vista este proyecto, crea nuevos organismos, que se superponen. El resultado, es la falta de control, por superposición resultante de cinco entes. Cuando uno genera dispersión en los contralores, lo que busca es una política de no control. Al mismo tiempo que busca controlar todos los organismos" estimó Mondino en su traje de candidato opositor.
"Es un proyecto híbrido, que toma sólo algunos aspectos, pero es preciso pensar en una Ley Real, que sea una Ley marco. Ingresar en la discusión de este nuevo marco, sin resolver la interconexión, la portabilidad, la interoperatividad de las redes, la existencia de normas que desmonopolicen, que abran las facilidades esenciales, pensar que esto se puede tratar por separado y no tiene relación con el proceso es malintencionado" sostuvo.
Añadió: "si analizamos el proceso de otorgamiento de licencias, luego de terminar el período de exclusividad, no se pudo avanzar siquiera en el Servicio Universal, que esta reglado o los derechos del usuario, es claro que es imposible reglar los aspectos audiovisuales, es un error intentarlo".
"El planteo de la tarifa social, a partir del derecho de acceso universal, ser precisado y de manera automática, de forma que se evite el clientelismo político y el uso de la tarifa como elemento de presión política. Para ello debiera diseñarse un mecanismo que elimine la posibilidad de discrecionalidad" dijo.
"La posibilidad de control cada dos años, es excesivo y busca en realidad entrometerse en los contenidos. Esto no es buscar la democratización, sino que es excesiva regulación y resulta contrario al derecho de libertad de expresión y contiene tintes de régimen que no son compatibles con la democracia" añadió.

"Es hablar de una mentira que sea una ley de la dictadura" consideró el cobista Katz

"Es necesario que se discuta una nueva ley de radiodifusión. Es necesario avanzar en los marcos regulatorios, es una verdad a medias hablar de una ley de la dictadura, lo cual es hablar de una mentira, dadas las más de 160 modificaciones, una ley que se ha modificado dado que en su origen se reglaba el fax, para dar un ejemplo" dijo el operador del vicepresidente Julio Cobos en la Cámara de Diputados, el ex intendente de Mar del Plata, Daniel Katz.
"Cuando uno piensa en regular una actividad tan sensible para la vida de un país, como son los medios de comunicación, es preciso hacer una revisión que permita analizar las líneas que van en el sentido correcto y las que van en el sentido erróneo. El objeto debe ser mejorar la calidad de servicio y la calidad informativa" dijo.
Agregó que "sin embargo cuando hablamos de los medios hablamos de la fuerte incidencia social y política que tiene la actividad, su influencia social y política en el devenir social".
"La verdad es que hay que ser muy caprichosos para sostener que no hay expresión para todas voces. La televisión abierta es mucho más cerrada que la televisión por Cable, en la mayoría de los pueblos hay sólo una. En tanto que la cantidad de radios que existe en el país, es imposible de igualar con otros lugares del mundo, dejando de lado la legalidad o no de las mismas" añadió.
"Los medios escritos son innumerables así como los portales de internet, que han impreso una dinámica enorme" dijo.
"La presidenta decía que la mayor ventaja competitiva de los pueblos es la capacidad de producir y acceder al conocimiento. Es inexorable resaltar que donde hay un cable que dé banda ancha o internet, hay mejores precios, y promueve la sana competencia y genera bajas de precios. Esa presencia de la gran cantidad de empresas de cable, que dan el servicio allí, donde las telefónicas no la dan, nos lleva más cerca de Estados Unidos y Canadá en comparación con otros países de la región. Es claro que la competencia, la genuina competencia, produce resultados finales mejores para el ciudadano" interpretó el ex intendente.
"Ahora bien, porqué tanta insistencia en la Ley ahora, la verdad es que si es por los contenidos, se podría empezar por la licitación de señales abiertas, que hace 25 años que no se hace y no hace falta ley. Si es por comunicación pública, tampoco hace falta ley, de hecho destaco el avance de Canal 7. Si es por la distribución de contenidos diversos, pues bien, con una reglamentación se puede hacer sobre los actores actuales. Si es por generar tampoco hace falta ley, se puede hacer por reglamentación. Ahora bien, si se quiere incorporar a quienes se autoexcluyeron por 99 años en la prestación, me refiero a las telefónicas que pagaron un precio menor a cambio de eso, el objetivo es otro y hace falta una ley" sostuvo.
Agregó que "más aún, si comparamos el ritmo de inversión de la industria del Cable frente a la enorme infraestructura que encontraron las telefónicas dominantes, la comparación es clara. Entre quienes tienen subsidios encubiertos, con una actividad cuasi monopólica, es necesario pensar como se debe hacer para igualarlos, para generar condiciones de equilibrio para que exista una real competencia posible entre actores tan dispares, con un sector que ha tenido posición de privilegio" sentenció.
"Si queremos discutir un proyecto de ley con sentido social, la oportunidad no es la mejor, no sólo por el momento electoral, sino porque este gobierno hace de la voz única una búsqueda constante" concluyó el dirigente cobista.

Pinedo dijo que "no defiendo intereses de nadie"

Pinedo, por su parte, dijo que "yo no voy a defender los intereses de nadie, ni los de ustedes ni los de otras compañías. Los invito a reflexionar que sobre lo que está en juego no es un interés, sino una cuestión institucional, el contenido y la forma de nuestra convivencia democrática. Debemos ser conscientes de eso".
"Cuando uno hace leyes las preguntas que uno se hace son más importantes que las respuestas. Las preguntas dependen de los valores que uno defienda. En el tema de la radiodifusión los valores que están en juego son la libertad de expresión, la de prensa y la de competencia, que se vincula con el pluralismo. Si queremos resguardar la primera libertad, la respuesta que uno se da es distinta que la que se da a la pregunta de cómo favorecer a las telefónicas. Y en el caso de la competencia, va a ser diferente que la pregunta de cómo hacer para que el Gobierno controle la dinámica del debate público. Está claro que estas preguntas, las que propuse, no son las que se hizo el que redactó el proyecto del kirchnerismo, en tanto que si se preguntó cómo controlar la opinión pública" indicó.
"La libertad de prensa es un derecho humano que no se delegó en los gobiernos, es un derecho que el pueblo se resguarda para opinar sobre los gobiernos, que son mandatarios por un tiempo cortito de los destinos y de la administración de la Nación, que se debieran ajustar a la constitución. Si un gobernante quiere controlar la libertad de prensa, vulnera el contrato democrático y viola la ley y la constitución que impide el dictado de normas sobre la libertad de imprenta. Así que no es un tema menor" agregó.
"En el tema de las telefónicas, quiero establecer que la industria del Cable fue revolucionaria porque creció sola y llegó a tener más usuarios que Estados Unidos. Antes se podía tener uno o dos canales de televisión, y cuando empezó la democracia eran cuatro canales manejados por el gobierno. El cable nos llevó a cien canales independientes, generados a pura iniciativa privada con un increíble empuje en la democratización de la información" sostuvo luego.
"La ley establece que el gobierno debe darles permisos a las compañías que den información y que incluso puede caducarlos, incluye a los cables. Digo, porque tiene que dar permiso, en recurso escaso como el espectro tiene sentido, pero en un cable físico no tiene sentido. El gobierno en realidad se pregunta como adueñarse de los contenidos de la información. En esto, es vergonzoso el hecho de que el gobierno pretende establecer obligaciones a discreción. La pregunta que se hizo el que redactó ese proyecto de ley no es la de la libertad, de la competencia o diversidad, el que lo redactó se hizo la pregunta de los fascistas" agregó.

Bárbaro consideró que partes del proyecto de ley oficial fue redactado "por quienes nunca pasaron por los medios"

Julio Bárbaro, a su turno, dijo que "mi situación no es la más fácil, fui funcionario y confronté con ustedes y hasta nos intercambiamos una solicitada, pero debemos reivindicar que siempre discutimos en una mesa, con voluntad de ampliar los horizontes. En cuanto a la ley, hay mucho que ha sido redactado por quienes jamás pasaron por los medios. Este gobierno le dio una radio a Tinelli y a Pergolini una radio, ese desconocimiento hizo que ninguno pudiera sostenerlo".
"El cuerpo de la ley es el resultado de la bronca del gobierno con su espejo, porque los medios tan sólo lo reflejan. El gobierno confronta con los medios al mismo tiempo que confronta con todos los sectores. Está pensada desde la lógica de que el dueño de los medios es su enemigo, y así no tiene solución" añadió.
"Al mismo tiempo sostenemos un acuerdo con Estados Unidos que legitimiza inversiones de Prisa y de Mexicanos en nuestros medios. Y dejamos de generar nuestra propia imagen, renunciamos a nuestra soberanía cultural. Nuestra demencia es enorme, enfrentamos a lo nacional para arreglar con un extranjero al que como no es argentino no lo podemos odiar de la misma manera" indicó.
"Para qué queremos porcentajes en los medios. Cuando se da a cualquiera el resultado es malo. Se pueden generar señales de cable, se pueden licitar señales abiertas. Ese sistema se puede construir" explicó el ex funcionario.
"El gobierno no es tan lejano a mi pensamiento como a mi paciencia. El gobierno actúa en forma reactiva, y en vez de ser Brasil que construye con paciencia y consenso, se destruye. Y en los medios es donde más se debe pensar en conjunto, en la libertad y en la justicia. En eso nos tenemos que poner de acuerdo" dijo.
"Hacer una ley sin la presencia de aquellos que llevan la industria sobre sus hombros es un absurdo" sostuvo luego.
"Es necesario para gobernar tocar la realidad. La ley es imprescindible, pero es absurdo discutirla hoy en pleno proceso electoral. Y debe ser en pleno proceso de encuentro nacional y no de confrontación, la confrontación es enemiga de la democracia. La política y la industria deben construir una ley en conjunto" indicó.

Giúdice dice que si bien la ley tiene una visión "coherente con la dictadura, esa antinomia en licencias ya no existe"

"La ley actual tiene una visión coherente con la dictadura, es cierto, pero esa antinomia en licencias ya no existe. La democracia actuó sobre la ley con modificaciones" comenzó diciendo la radical Silvana Giúdice, titular de la Comisión de Libertad de Información de la Cámara Baja. "Entre las modificaciones más nocivas que realizó la democracia fueron las de Menem, sobre todo la de extranjerización y la elevación de cantidad de licencias. Ha sido esta misma orientación política la que legitimizó la ley de la dictadura, en su corpus, y le anexo el tratado bilateral, que de bilateral nada" agregó.
"En el caso de la democratización del espectro, la modificación del 45 ha sido la más plural de todas, incorpora derechos de personas o entidades sin fines de lucro. Ahora bien, la saturación y la falta de licitaciones lo hace inviable" dijo.
"En cuanto a propiedades cruzadas, una realidad que surge de la dinámica, la concentración esgrimida por el gobierno, no es tal, sobre todo si comparamos con el resto del mundo, entre ellos sobre todo con España" añadió.
"A esto se suma el contexto electoral, que agrava la situación" sostuvo luego.
"Respecto de la situación Argentina, en el caso del ComFeR , el mismo Interventor, reconoce que no sabe quienes son los dueños de los medios. Cómo puede establecer entonces que hay monopolio o concentración, sino sabe de quién son los medios" dijo.
Agregó: "es llamativo también que el Gobierno no haya debatido ningún otro proyecto y se niegue a debatir un proyecto de publicidad oficial, y no me refiero sólo al proyecto presentado por mí misma".
"Al mismo tiempo presenta un ante proyecto que se discute entre amigos y sin la industria, para que todos nos digamos, como buenos amigos, que todo está bárbaro" sostuvo además.
"Lo que invalida la Propuesta es que quien administra la nueva Autoridad es el Secretario de Medios, entonces la diversidad va por tierra. Quien da la publicidad, da las licencias y administra la nueva autoridad, que no tiene ningún tipo de dependencia de la articulación con el Congreso" agregó.
"La revisión de reglas para el otorgamiento de licencias cada dos años implica que según el Secretario las modifique. Reconoce que la Autoridad puede elaborar normas, volvemos a los parches de la actual situación" indicó.
"Permite a las empresas de Servicios Públicos dar radiodifusión, cuando Telefónica y Telecom se presentan cómo una sola, lo cual sería entregarse a un monopolio que al día de hoy no cumple sus obligaciones, y menos cumplirá las de la ley" sostiene.
"La propuesta de Proyecto permite la discrecionalidad de otorgamiento directo de licencias en ciertos casos a criterio del funcionario. La regulación del mercado del cable, desconoce el esfuerzo del sector y la realidad del sector que lejos de ser monopolios, son empresas pujantes que han invertido y arriesgado, amén de que los deja a disposición de las empresas de servicios públicos, lo cual las destruiría. Así como es ridículo e imposible la adecuación en un año" sostuvo la diputada radical.
"Como corolario, en el artículo 48 establece que la nueva autoridad podrá dictar la caducidad de una licencia y sino se cumple, a partir de ese momento, la autoridad gestiona la licencia con su propio equipamiento, hasta que se licite. Ya sabemos que en este país las licitaciones son lentas. Muy similar a un artículo de la ley de la dictadura, que establece que ante caducidad de licencia el estado puede apropiarse de la licencia. Esto ratifica que el objetivo es limitar la libertad de expresión y de opinión" concluyó.

Fotos: DyN, Fabián Gastiarena, Clarín

miércoles, 29 de abril de 2009

Regalale el Triple Play y seguro estarán contentos...

Hernán Colombo, integrante de la dirección de Marco Regulatorio de la empresa, afirmó que la nueva legislación debe considerar “la evolución tecnológica y las nuevas realidades que se desarrollan a partir de la convergencia entre las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales".
Hernán Colombo, integrante de la dirección de Marco Regulatorio de Telecom aseguró que para la empresa "es trascendente que hoy se esté debatiendo una nueva ley que considere la evolución tecnológica y las nuevas realidades que se desarrollan a partir de la convergencia entre las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales".
Las declaraciones tuvieron lugar en la ciudad de Viedma durante el 12º foro de debate de la propuesta de proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual realizada este martes.
Fue la primera vez que Telecom dio a conocer su posición sobre el anteproyecto de ley lanzado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18 de marzo en La Plata.
Una semana atrás, Telefónica había revelado su punto de vista en el foro que se llevó a cabo en Mendoza.
Allí, Mariana Laurence, directora de Estrategia de la filial local de la compañía española, calificó como "muy positiva" la propuesta para reemplazar a la ley de Radiodifusión sancionada durante la última dictadura militar.
"Las comunicaciones son un factor clave para el desarrollo social y económico del país", opinó Laurence. Hernán Colombo también mencionó algunos lineamientos de la transformación legislativa "trascendentes" como el "tratamiento de la producción de contenidos audiovisuales en forma separada de las funciones de transporte y distribución".
También destacó el "establecimiento de dos autoridades regulatorias: una que gestione las políticas, el espectro y el control de los servicios de todas las redes de comunicaciones electrónicas multimedia" y otra "encargada del control de la producción y programación de contenidos".
Por último, el ejecutivo de Telecom señaló que "para que la futura ley contemple la visión integral de las posibilidades que la evolución tecnológica pone a disposición de la sociedad" es relevante "facilitar que todas las redes queden habilitadas para ofrecer a la población todos los servicios y contenidos que la tecnología posibilite, permitiendo a la sociedad acceder a más y mejores prestaciones".
Otro de los puntos que la empresa considera importante es "privilegiar la producción de contenidos nacionales, así como los derechos y la libertad de elección de los usuarios, tanto de los contenidos como de las redes a través de las cuales accederlos, en el marco de los principios establecidos por la Ley de Defensa de la Competencia y en la de Defensa del Consumidor".

Fuente: TelAm

Alerta por amenaza al periodista Daniel Enz, en Paraná

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) expresa su repudio a la grave amenaza sufrida por el periodista Daniel Enz, director del semanario Análisis (Paraná, Entre Ríos) y miembro de la Comisión Directiva de FoPeA.
El llamado intimidatorio fue realizado en el día de la fecha, en horas de la mañana, al teléfono de la redacción del semanario, y fue recibido por una asistente administrativa. La persona que llamó preguntó por el periodista, y al enterarse que no se encontraba allí, pidió dejarle un mensaje amenazante: "Decile a Daniel que no se meta con Alejandro Albornoz. Que tenga cuidado, no vaya a ser que tenga algún accidente o le pase algo". También dijo: "Yo sé que tiene hijos, que los cuide. Él no sabe con quién se metió. Que tenga cuidado cuando salga de la radio. Con Alejandro no se jode".
Enz publicó recientemente en Análisis una investigación en la cual reveló las inversiones millonarias del suboficial mayor Alejandro Albornoz, ex integrante de la Dirección de Administración Financiera del edificio Cóndor, de la Fuerza Aérea Argentina (en la ciudad de Buenos Aires). En su investigación, Enz hizo referencia a como en los últimos tiempos, el militar tuvo un crecimiento económico que no se condice con sus ingresos.
El periodista amenazado denunció el hecho al Comisario General Héctor Roberto Massuh, jefe de la Policía de Entre Ríos, quien ordenó la custodia de él y de su familia, así como de su domicilio particular y de las oficinas del semanario. Mañana se presentará ante la Justicia.
FoPeA se solidariza con Daniel Enz y exhorta a las autoridades políticas de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Paraná a que investiguen el origen de las amenazas, y les aseguren protección tanto al periodista como a su familia.

Foro de Periodismo Argentino

"La paradoja es querer desmonopolizar una industria que no es monopólica"

Representantes de las empresas de cable de todo el país cuestionaron ayer con dureza el proyecto de reforma de la nueva ley de Radiodifusión por "desacertada", al sostener que favorecerá especialmente a las empresas telefónicas y destruirá a la industria, porque no contempla las asimetrías del mercado.
En un clima de mucha preocupación, unos 300 operadores señalaron que se negarán a "telefonizar" el sistema de cable, hablaron de la depredación que puede sobrevenir en la industria y prometieron no rendirse, porque "las redes las montamos nosotros con nuestras escaleras y las vamos a defender nosotros con nuestras manos".
José Toledo, presidente de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), afirmó que "la resolución 275 del ComFeR es el acta de defunción de nuestras pymes, un acto de desigualdad brutal. A nosotros nos exigieron desde el año 1964 tener infraestructura propia, y ahora cualquiera, sin inversión, puede disfrazarse y usar redes de otros".
"Al igual que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha comenzado a debatirse, entiendo que tengamos que pensar en terminar con una ley de la dictadura; pero no es la única ley de la dictadura. La de las cooperativas también es de la dictadura y la de actividades financieras y tantas otras", señaló el empresario.
Agregó Toledo que "la nueva Ley permitirá subsidios cruzados de organizaciones que tienen como mínimo catorce servicios en cada caso y son propietarios de la infraestructura. Pero no nos vamos a rendir, las redes las montamos nosotros con nuestras escaleras y las vamos a defender nosotros con nuestras manos", concluyó.
El titular del Sindicato Argentino de Televisión, Horacio Arreceygor, afirmó que "la paradoja es querer desmonopolizar una industria que no es monopólica, son 600 pymes, no es monopolio, es diverso, y -con esta nueva Ley- le abren la puerta a las telefónicas, que claramente lo son". Es necesario pensar en normatizar la televisión satelital, que no incluye señales locales ni genera producción. Nosotros crecimos con esta industria llevando los derechos de los trabajadores dónde se instalaban las inversiones, llevamos juntos eso, capacitación y empleabilidad. La discusión de la ley debe estar cerca de la realidad de esta industria". Arreceygor manifestó "estamos participando del debate de la ley y le tenemos miedo y desconfianza a lo mismo que le tienen los cableros: a las cooperativas y las telefónicas. Las Cooperativas te dan agua, te dan gas, te dan electricidad y hasta te entierran porque te llevan al cementerio, a esto no deben sumar el Cable. El marco de discusión debe ser participativo y amplio. En los foros ya nos encontramos con la contradicción de Cooperativas que quieren dar Cable pero no producir contenidos locales porque es muy costoso".

Binner firmó el decreto sobre Acceso a la Información Pública en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, firmó esta tarde un decreto que permite el acceso a la información pública, en la provincia.
“Con mucha alegría planteamos este tema que siempre fue motivo de controversia; cumplimos así con nuestro compromiso”, porque “el acceso a la información mejora la democracia”, dijo Binner durante el acto.
La normativa, rubricada por todo el gabinete provincial, establece que la autoridad de aplicación y recepción de solicitudes de acceso a la información será la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El decreto de acceso a la información pública regula el mecanismo a través del cual, cualquier persona, física o jurídica, pública o privada pueda acceder a la información pública que es producida, o se encuentre en poder del ejecutivo provincial y toma como principio el de la publicidad de dicha información.
El acceso a la información pública es considerado en la norma como una instancia cuya finalidad es permitir y promover una efectiva participación ciudadana estableciendo la obligación del ejecutivo de proveer información completa, adecuada, oportuna y veraz.
La norma cumple con los estándares internacionales en materia de legitimación para acceder a la información pública a cualquier persona sin la necesidad de acreditar interés específico ni de expresión de los motivos de su consulta, pueden solicitar la información pública y su acceso es gratuito con excepción de los costos de reproducción (tema que será considerado según los casos).
Se prevé, además, un capítulo referido a la transparencia activa que implica establecer un estándar mínimo obligatorio que debe estar publicada en la página web de la provincia, www.santafe.gov.ar, y por lo tanto de acceso libre e inmediato para cualquier persona.
Se recepta el principio de máxima divulgación en virtud del cual se debe propender a publicar la mayor cantidad de información posible, de modo que la misma este accesible en forma directa e inmediata.
El ámbito de aplicación del decreto, que lleva el número 692, es el Poder Ejecutivo provincial, es decir, la administración pública centralizada y descentralizada, empresas y sociedades del Estado, y en determinados casos las municipalidades, comunas y empresas que presten servicios públicos.

El acceso a la información mejora la democracia
Durante el acto, el gobernador expresó la importancia del derecho a acceder a la información pública. “El acceso a la información mejora la democracia. Tenemos que avanzar para demostrar que se puede ser transparente: es necesario que la gente conozca, que crea en la democracia, en los actos de gobierno, que pueden ser con errores o con aciertos, pero tiene derecho la población de conocer tanto a uno como a otros”, dijo Binner.
“Siempre colocamos como regla de acción tres conceptos que creemos son muy importantes: la solidaridad, la participación y la transparencia. Estamos trabajando en el cambio porque creemos que es importante construir una mejor democracia. Esto se puede hacer todos los días, y este acto que hoy estamos llevando adelante es absoluta y profundamente consecuente con esta idea de pensamiento”, añadió, para concluir que “si en algún momento podemos avanzar en constituir y trasformar este decreto en una ley, también sería una señal muy importante para consolidar la democracia que tanto nos costó recuperar”.
A su turno, el ministro Superti indicó que el nuevo mecanismo va a colaborar en la mejora de la calidad institucional de la provincia y destacó que a través de él el gobierno de la provincia quiere cumplir con su deber de facilitar el ejercicio del derecho a la información. “El objetivo es que este derecho sea ampliamente respetado y que la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno sean un signo de esta gestión”, aseguró el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
Estuvieron presentes en el acto los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; y de Seguridad, Daniel Cuenca, así como representantes de la Municipalidad, de entidades intermedias, como el Sindicato de Prensa Rosario, legisladores provinciales y nacionales.
Dr. Héctor Superti, ministro de Justicia y Derechos Humanos:

Dr. Hermes Binner, gobernador de Santa Fe:


En las fotos:
el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; el gobernador Hermes Binner; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti (arriba). Invitados al acto (abajo). Gentileza Prensa Gobierno de Santa Fe.

"Una nueva Ley no debe ser Ley de destrucción de la industria del Cable"

El gobernador Daniel Scioli inauguró este miércoles el “IV Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cable Modem” que se realiza en Mar del Plata y destacó el rol del sector en la integración y la inclusión social al contribuir al “achicamiento de la brecha digital en pos de la alfabetización informática”. Antes, defendió el modelo del gobierno nacional.
Durante el acto inaugural, que se desarrolló en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, Scioli hizo hincapié en el aporte de la tecnología a la gestión de los gobiernos y recordó la puesta en marcha, en la Provincia, de la Agenda Digital, la Firma Digital y “la mejor conexión” de las escuelas y centros de salud.
Acompañaron al Gobernador el Secretario General de la Gobernación, José Scioli, el ministro de Gobierno, Eduardo Camaño y el intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti. Asistieron además el presidente de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), José Toledo; y el presidente de la Asociación de Televisión Bonaerense por Cable (ATVC), Walter Burzaco.
"Una nueva Ley no debe ser Ley de destrucción de la industria", afirmó Walter Burzaco, presidente de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), en su discurso inaugural:
"El Cable se encuentra hoy ante la peor amenaza a su viabilidad en sus más de cuarenta años de existencia.
Lo que no hicieron las tremendas crisis, con aspecto de terminales, como la del 2001, lo que no hizo la exacerbación de un supuesto liberalismo que desconoció las economías productivas y las inversiones tangibles, parece ser posible en virtud de una visión cuando menos apresurada y desacertada.
Apresurada, porque resulta llamativo que se instale el debate de la ley de radiodifusión en coincidencia con la campaña electoral. El buen criterio indica que una ley trascendente para la vida de los ciudadanos y que regirá los destinos de los medios de comunicación en las próximas décadas, merece ser debatida en un marco de tranquilidad y cordura que no se advierte en estos momentos.
Y, porque a fines de 2005, luego de más de un año de discusión, los actores políticos y sociales terminaron consagrando la modificación del artículo 45, que define quiénes pueden acceder a una licencia —columna vertebral de cualquier ley en la materia—, permitiendo el ingreso de las entidades sin fines de lucro y rechazando la entrada de empresas de servicios públicos a la televisión por Cable.
Desacertada, porque toda ley de Medios de Comunicación Audiovisual debe favorecer la pluralidad de voces, y la Propuesta de Proyecto desconoce que la televisión por Cable, a lo largo de toda su historia, ha sido una industria de inversión a riesgo y competencia, que ha producido a su vez, una mejora en la vida cultural y económica de las regiones.
En los últimos tiempos, el Cable ha sido el motor de la expansión de la conectividad de Internet en nuestro interior. Si se analiza por coberturas y tipos de servicio, se observa claramente que recónditos lugares de la patria han accedido a la televisión e Internet en virtud de la inversión del Cable, sobre todo de las PyMES.
La inversión del Cable es demostrable con algunas cifras:
• Hay más de 600 señales locales.
• Hay un millar de productoras independientes.
• El Cable tiene 14.000 empleados directos y una cantidad similar de indirectos. Entre estos hay periodistas independientes, productores de contenidos y creadores.
• Con su inserción en más de 1.200 localidades, el Cable permite la promoción de empresas, servicios e intereses de sus habitantes.
• Más del 35% del total de la conexión de la Banda Ancha nacional es de Cable.
• El Cable tiene más penetración por hogares que el teléfono en todas las provincias, salvo en cuatro.
La industria se compone de operadores argentinos, está integrada por 700 PYMES, con inversiones amuradas al territorio y tendidos de cables que acercan el mundo a los habitantes del país. Los Cables trabajan todos los días de cara a los conciudadanos, con plena conciencia del rol social que cumplen y del aporte al desarrollo del país.
O sea, el sector que más ha contribuido a la diversidad de voces es el que ahora se quiere destruir.


La necesidad de una Ley de Radiodifusión acorde al desarrollo social y tecnológico está lejos de ser discutible. Queremos una Ley moderna, consensuada e inclusiva de todos los actores sociales.
Sabemos que la Ley actual fue promulgada por el Proceso, en forma irregular, en un período que constituyó uno de los más oscuros de la vida argentina. Una Ley que cuenta hoy con 214 modificaciones producidas a lo largo de 26 años de democracia. Muchas modificaciones han sido acertadas, otras desacertadas.
Una nueva Ley no debe ser Ley de destrucción de la industria. No debe deshacer debates saldados recientemente, en los cuáles se estableció la protección de las PYMES en un marco que exime y excluye a las empresas de servicios públicos, sea cuál fuere su tipo de propiedad, aún sean cooperativas, de dar servicios de televisión por Cable.
Porque, escondida en esta propuesta de Ley se encuentra una convergencia de servicios que no contempla las asimetrías de mercado. Lo que hace falta, como en todo país organizado, es una regulación que comience por tener en cuenta las asimetrías que existen cuando se van a integrar servicios.
En muchos ejemplos internacionales, como Inglaterra y México, los organismos reguladores tuvieron en cuenta a la hora de planificar la convergencia de servicios las enormes diferencias económicas, comerciales y regulatorias entre la televisión por Cable y las telefónicas dominantes logrando establecer un marco equilibrado y sustentable en el largo plazo, buscando no distorsionar mercados y generando una efectiva multiplicidad de opciones para NO quedar rehén de una única red.
Lo que hay que desafiar en nuestro país es el monopolio de las telefónicas y no amenazar la competencia del mercado del Cable. Hoy las autoridades no se ocupan de aplicar las normas que ya rigen para favorecer la competencia en telecomunicaciones, como el Decreto 764 del año 2000.
La depredación de la industria del Cable, será el resultado previsible al exponerla frente a las prácticas de un actor que hoy factura 8 veces más que todo nuestro sector, y hará que los cableros PYMES caídos en la batalla no vuelvan al mercado: nadie podrá desafiar al enorme monopolio que tendrán las telefónicas.
Las mismas telefónicas que no cumplieron con el objetivo de teledensidad y digitalización en tiempo y forma durante los primeros diez años. Las mismas telefónicas que niegan la interconexión y asfixian a cualquier intento independiente. Las mismas telefónicas que luego de nueve años de supuesta competencia todavía son incapaces de cruzar los muros que separan sus territorios para dar servicio de teléfono o banda ancha.
El desparpajo y la desestimación de los debates, de los análisis, las pruebas del daño que un modelo como el que se pretende instalar han generado en todos los países, es consistente con una decisión poco sabia y NO de una política de Estado que defienda el acervo cultural, tecnológico e informativo de nuestra nación.
Se cita la regulación de la competencia y la existencia de controles y obligaciones de apertura de ductos y portabilidad. Eso existe desde el 2000, pero no se pone en práctica por la indiferencia de quienes deben imponer su cumplimiento para favorecer la competencia.
La venta de pliegos es una muestra más. Se abandona todo criterio de inversión y es el cóctel para los amigos antes de la cena.
Cada año pensamos que el que viene será de mayor calma para poder invertir en la misma forma que invertimos siempre, pero en otro ambiente. Que será un año en el cual iniciativas de responsabilidad social como estos Encuentros dejen de ser tribuna para demostrar la necesidad de existencia de una Red Alternativa, para analizar políticas y acciones que lleven a un mejor uso, expansión y provecho social para todos los argentinos. Que será un año donde, con las autoridades y la oposición, debatamos doctrinas y opciones, en vez de estar mostrando en forma constante la raíz de nuestra razón.
Sin embargo, en este Encuentro, más que nunca, asistimos a un intento artero para telefonizar la televisión.
Acá estamos, otro año con la misma cantinela, pero lejos de cejar en el esfuerzo. Argentina tiene la industria de Cable más desarrollada fuera de Canadá y Estados Unidos, países con los cuáles no podemos comparar ningún parámetro económico. Ellos tienen normas claras, jurisprudencia, aplicación de leyes y reguladores profesionales. Y aun en México, a pesar de las idas y venidas que tuvo su marco regulatorio, se controla tenazmente la actividad de su telefónica dominante para que no ingrese a la televisión por Cable hasta que cumpla con las regulaciones que abren la competencia en telefonía.
Somos una industria nacional, con vocación de servicio, responsabilidad social y sobre todo, identidad común, cultura consolidada y una firme convicción para dar pelea justa. Porque cuando arrinconan al Cable, atacan a las comunidades, atentan contra la pluralidad, intentan cercenar el disenso y, finalmente, acallar las voces. Esto quiero creer que es fruto del desconocimiento. La propuesta de Ley atrasa muchos años en su concepción y ciertamente frenará la inversión cuando todo sea un solo monopolio de capitales extranjeros.
Por eso vamos a dar batalla en defensa de la televisión por Cable. Somos un medio de expresión, una herramienta de integración y una Red Alternativa. Estamos convencidos y decididos a garantizar nuestros derechos, porque en ello estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos argentinos a la pluralidad".

El Tamiflu, Donald Rumsfeld y el negocio del miedo

Por: José Antonio Campoy*
Bastó que Estados Unidos tocara la campana de alarma para que el mundo temblara de miedo ante la perspectiva de una pandemia. A pesar de que han transcurrido nueve años desde que el famoso virus de la gripe aviar fuera detectado en Vietnam y no llegan aún a cien las víctimas mortales. Una media pues de once fallecimientos al año… ¡en todo el mundo! Un detalle insignificante que no impidió a George Bush emprender su segunda “guerra preventiva” en poco tiempo, esta vez para luchar contra otra arma de destrucción masiva tan vaporosa como las “encontradas” en Irak: el virus H5N1. A fin de cuentas había hallado también una poderosa “arma preventiva”, un antiviral llamado Tamiflu que comercializaba la empresa suiza Roche y que en apenas unos días se convirtió en la gallina de los huevos de oro. De hecho, los ingresos por su venta pasaron de 254 millones en el 2004 a más de 1.000 millones en el 2005. Y su techo es imprevisible dada la grotesca reacción de los gobiernos occidentales con peticiones masivas del producto. La realidad, sin embargo, es que la eficacia del Tamiflu es cuestionada por gran parte de la comunidad científica. Muchos se preguntan cómo se espera que pueda servir ante un virus mutante cuando apenas alivia algunos síntomas -y no siempre- de la gripe corriente. Obviamente la respuesta al protagonismo del Tamiflu en nuestras vidas no es científica sino puramente comercial. El Tamiflu era hasta 1996 propiedad de Gilead Sciences Inc. empresa que ese año vendió la patente a los laboratorios Roche. ¿Y saben quién era entonces su presidente? Pues el actual Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, que aún hoy sigue siendo uno de sus principales accionistas. ¿Y recuerdan que pasó el año pasado? Pues que en cuanto empezó a hablarse de la gripe aviar Gilead Sciences Inc quiso recuperar el Tamiflu alegando que Roche no hacía esfuerzos suficientes por fabricarlo y comercializarlo.
Y que tenía “fuerza” para lograrlo lo demuestra que ambas empresas se sentaron a “negociar” y acordaron en un tiempo récord constituir dos comités conjuntos, uno que se encargase de coordinar la fabricación mundial del fármaco y decidir sobre la autorización a terceros para fabricarlo y otro para coordinar la comercialización de las ventas estacionales en los mercados más importantes, incluido Estados Unidos. Además Roche pagó a Gilead Sciences Inc unas regalías retroactivas por valor de 62,5 millones de dólares. Y por si fuera poco la empresa norteamericana se quedó con otros 18,2 millones de dólares extra por unas ventas superiores a las contabilizadas entre 2001 y 2003. A lo que hay que añadir un dato: Roche se ha quedado con el 90% de la producción mundial de anís estrellado, árbol que crece fundamentalmente en China -aunque también se encuentra en Laos y Malasia- y que es la base del Tamiflu. El escenario, qué duda cabe,
estaba completo. Sólo había que empezar a encontrar poco a poco aves contagiadas con el virus en distintos países -un ave aquí, otro par más allá- para crear alarma mundial con la ayuda de científicos y políticos poco escrupulosos o de escasa capacidad intelectual y de los grandes medios de comunicación -que como todo el mundo sabe no se caracterizan precisamente por investigar lo que publican o emiten-. ¿Y qué tiene que ver Donald Rumsfeld en todo esto? Pues absolutamente nada. Según un comunicado emitido el pasado mes de octubre por el Pentágono el actual Secretario de Estado norteamericano no intervino en las decisiones que tomó el Gobierno de sus amigos Bush -el presidente- y Cheney -el vicepresidente- sobre las medidas preventivas que había que adoptar ante la amenaza de pandemia. El comunicado afirma que se abstuvo, que no tuvo nada que ver en la decisión de la Administración estadounidense de apoyar y aconsejar el uso del Tamiflu
a nivel mundial. Y nosotros le creemos. Como cuando aseguró solemnemente que en Irak había armas de destrucción masiva.
Además el hecho de que su nombre aparezca unido a una vacunación masiva contra una supuesta gripe del cerdo durante la Administración de Gerald Ford en la década de los 70 -que dio como resultado más de 50 muertos a causa de los efectos secundarios- no es más que una coincidencia. Como lo es que la FDA aprobara el aspartame a los tres meses de que Rumsfeld se incorporase al Gabinete de Ronald Reagan a pesar de que tras diez años de estudios no se había tomado ninguna decisión. Sólo alguien muy mal pensado puede plantearse que tuviera algo que ver el hecho de que poco antes de incorporarse al Gobierno norteamericano Rumsfeld fuera el presidente del laboratorio fabricante del aspartamo. Y, por supuesto, tampoco tuvo nada que ver con la compra tras el 11-S del Vistide, fármaco adquirido masivamente por el Pentágono para evitar los efectos secundarios que podía producir la vacuna de la viruela ent
re los soldados norteamericanos a los que se les aplicó masivamente antes de enviarlos a Irak. Que el Vistide fuera también un producto de los laboratorios Gilead Sciences Inc, creador del Tamiflu, es otra coincidencia. Así que siga usted de cerca todas las informaciones que aún van a darse sobre la gripe aviar y llene su botiquín casero de Tamiflu. Y si hay que comprar algo más, se compra. Faltaba más.
*Director de Discovery DSalud

La "pandemia”… ¿Será la gripe aviar?
¿Sabes que el virus de la gripe aviar fue descubierto hace 9 años en Vietnam?
¿Sabes que desde entonces han muerto apenas 100 personas, en todo el mundo todos estos años?
¿Sabes que los norteamericanos fueron los que alertaron de la eficacia del Tamiflu (antiviral humano) como preventivo?
¿Sabes que el Tamiflu apenas alivia algunos síntomas de la gripe común?
¿Sabes que su eficacia ante la gripe común está cuestionada por gran parte de la comunidad científica?
¿Sabes que ante un supuesto virus mutante como el H5N1, el Tamiflu apenas aliviara la enfermedad?
¿Sabes que la gripe aviar hasta la fecha sólo afecta a las aves?
¿Sabes quien comercializa el Tamiflu? Laboratorios Roche.
¿Sabes a quién compró Roche la patente del Tamiflu en 1996? a Gilead Sciences Inc.
¿Sabes quien era el Presidente de Gilead Sciences Inc y aun hoy principal accionista?: Donald Rumsfeld, ex-Secretario de Defensa de USA.
¿Sabes que la base del Tamiflu es el anís estrellado?
¿Sabes quien se ha quedado con el 90% de la producción mundial de este árbol?: Roche.
¿Sabes que las ventas del Tamiflu pasaron de 254 millones en el 2004 a más de 1000 millones en el 2005?
¿Sabes cuántos millones más puede ganar Roche en los próximos meses si sigue este negocio del miedo?
O sea que el resumen del cuento es el siguiente: los amigos de Bush deciden que un fármaco como el Tamiflu es la solución para una pandemia que aún no se ha producido y que ha causado en todo el mundo 100 muertos en 9 años.
Este fármaco no cura ni la gripe común. El virus no afecta al hombre en condiciones normales. Rumsfeld vende la patente del Tamiflu a Roche y este le paga una fortuna. Roche adquiere el 90% de la producción del anís estrellado, base del antivírico.
Los Gobiernos de todo el Mundo amenazan con una pandemia y compran a Roche cantidades industriales del producto. Nosotros acabamos pagando el medicamento y Rumsfeld, Cheney y Bush hacen el negocio….

Extractado de la Editorial del número 81 (abril-2006) de la revista DSalud Colaboración de Irene Solera

El Grupo Clarin trae sus gerentes a Santa Fe

Artes Gráficas del Litoral (sociedad formada por Clarín y El Litoral de Santa Fe) están terminando la planta impresora en Sauce Viejo, Santa Fe, para imprimir El Litoral, Clarín, Olé, La Voz del Interior, guías y folletos.
Ahora, se suma el dato que la gerencia del emprendimiento santafesino está compuesta por tres ejecutivos: Eladio Gil, del Diario Clarín, quien tendrá sus oficinas allí; por parte de Artes Gráficas Rioplatense está Raúl Scialabba, que se queda en Pompeya, pero funciona como carrilero que va y viene, y sólo queda que definan un Gerente de La Voz del Interior para que se instale en la ciudad santafesina.

Sobre la impresora
Artes Gráficas del Litoral ha elegido a una impresora de doble ancho Goss Uniliner nueva para una nueva planta satélite en Santa Fe, a 500 kilómetros al norte de Buenos Aires. Artes Gráficas del Litoral es una sociedad conjunta que Clarín, con base en Buenos Aires, la editorial de periódicos más grande de Argentina, está emprendiendo con El Litoral de Santa Fe.
El pedido, firmado en Febrero de 2008, compromete a una Uniliner de 12 unidades, una dobladora con mordaza y tres empalmadoras. Artes Gráficas del Litoral también eligió a la tecnología de avanzada de Goss permitiendo cambios automáticos de anchos de banda con formadores movibles. El ancho de banda variable permitirá a la impresora imprimir numerosas publicaciones, incluyendo el periódico nacional Clarín de 152 cms, la publicación regional El Litoral, de 127 cms además de trabajos por contrato, incluyendo periódicos y trabajos semi-comerciales de distintos anchos.

Diputado radical reclama una audiencia pública para el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

En la idea de que el debate sobre la necesaria reforma o el impulso de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería formar parte de la agenda de temas prioritarios para todos los argentinos.
El diputado nacional Genaro Collantes (Unión Cívica Radical - Catamarca) presentó ayer un proyecto de Resolución en el que deja plasmado que se debe convocar de “inmediato a audiencia pública a fin de someter a consideración de los ciudadanos y demás sectores que tengan interés en el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación.
En la iniciativa también platea encomendar a las “las Comisiones respectivas, de acuerdo al artículo 114 bis y concordantes del Reglamento de la Cámara de Diputados, lo pertinente a la organización y realización de la misma”.
Collantes menciona en los fundamentos del proyecto que en la actualidad existe un proyecto de propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fuera presentado por la Presidencia de la Nación en un acto celebrado días pasados en el Teatro Argentino de La Plata, especificando que el mismo “ya se encuentra al alcance de todos a través de internet y por otras diversas estrategias. Pero la medida más importante tomada por el ComFeR fue abrir supuestos Foros de Debate en distintas partes del país”. “Estos Foros se han desarrollado en Mar del Plata, Santa Rosa, La Plata, Salta, Córdoba, Paraná, Mendoza, Rosario, entre otras ciudades. Pero el supuesto debate poco a poco se fue contaminando con el clima electoral, sin dejar de resaltar el clima de de beligerancia que se vive entre el gobierno nacional, impulsor de la propuesta, y determinados grupos de medios de prensa. Algunos se han arriesgado a describir estos foros de debate como auténticos actos partidarios de la idea del oficialismo, lo que no permite abrir el juego a otras alternativas”, puntualiza el legislador catamarqueño, a la vez que advierte que “ambos climas distorsionan la pluralidad de la discusión de un tema que es de indudable trascendencia. Atar la discusión del nuevo esquema de regulación mediática al resultado electoral del comicio del 28 de junio o a la puja con un determinado medio, no nos parece el ambiente ideal para lograr una ley que cumpla objetivos remarcados por la Presidencia”.
También menciona que no se debe olvidar que esta no es la única propuesta vigente sobre el mismo tema ya que en la Cámara de Diputados hay decenas de iniciativas que avanzan con propuestas concretas que merecen ser analizadas como corresponde por los legisladores.
Hace notar luego que existe, al respecto, “el mecanismo de Audiencia Pública consagrado como un espacio plural en la Cámara baja, para incluir en la agenda parlamentaria proyectos con libertad de participación para todos los sectores políticos y la necesaria participación de los actores involucrados y autoridad de opinión en materia de radiodifusión. Hay opiniones que no son escuchadas o por lo menos no han sido consultadas y dado el clima político que ya resaltamos, difícilmente ocurra. Por ejemplo, la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (AdEPA), entidad de 47 años de vida, ha fijado una postura clara pero no en los ámbitos de debate propuestos por el ComFeR”.
Collantes remarca que otro capítulo preocupante está dado por lo que algunos funcionarios llaman "la madre de todas las batallas", al referirse al proyecto de ley de medios audiovisuales, lo que tendría que ser una instancia de profundo debate. Y menciona luego: En su reciente documento publicado, AdEPA sostiene que en el nuevo esquema de radiodifusión "es imperioso resguardar ciertos principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional ya señalados por AdEPA, tales como a) la no regulación de contenidos periodísticos; b) el respeto a la situación actual de los medios, sin legislar retroactivamente, preservando el pluralismo y la diversidad existentes; c) evitar la discrecionalidad en la autoridad de aplicación; d) garantizar seguridad jurídica. Lo expuesto debe resultar del debate de ideas, no concebido como una batalla".
Sostiene finalmente que el debate "genera suspicacias el momento, el contenido y el ámbito en el que se da esta discusión, máxime cuando se omiten temas pendientes tales como la regulación de la publicidad oficial, la ley de acceso a la información o el manejo no gubernamental de los medios públicos. En este marco, y mientras el gobierno sostenga que los medios de prensa forman parte de la oposición política o directamente los trate como enemigos, es imposible continuar con un debate que llegue al consenso necesario para que la iniciativa final sea sustentable en el tiempo. Por eso es que solicitamos la remisión con carácter de urgente de la propuesta del Gobierno para su discusión junto con otras iniciativas que ya tienen estado parlamentario”.

Fuente: Diario C

martes, 28 de abril de 2009

Viedma analizó el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Con muchas alabanzas y algunas críticas referidas a la multiplicidad de licencias en sistemas por suscripción, que en el proyecto asciende a 10 licencias de radio y televisión, se desarrolló el Foro de Consulta Pública para debatir la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
El encuentro fue presidido por el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz y el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto. Participaron profesionales de la comunicación, estudiantes universitarios y secundarios y legisladores provinciales.
Con un marco de espectadores que colmaban las instalaciones centrales del Centro Municipal de Cultura el acto de lanzamiento contó con la participación además del coordinador general del ComFeR, Luis Lázaro; y los directores nacionales de Supervisión; Gustavo Bulla, y de Normalización, Pablo Viña; además de miembros del Superior Tribunal de Justicia, legisladores provinciales y nacionales, funcionarios, concejales, autoridades universitarias, así como alumnos y docentes de la carrera de Comunicación Social y público en general.
Sin embargo, pasadas las exposiciones iniciales, las autoridades en su conjunto “debieron retirarse” y quedaron al final del debate unas cincuenta personas realmente interesadas en la discusión. Esto, fue planteado por varios expositores como una falta de respeto, teniendo en cuenta que se debatió un proyecto en el que supuestamente la idea era escuchar a todos los ciudadanos. Fueron 30 los expositores con los que contó el foro que ayer pasó por Viedma.

Lo más destacado

Varias fueron las voces que explotaron la posibilidad de hacer uso de la palabra, en un ámbito participativo y pluralista.
Entre las cuestiones más destacadas, se avanzó sobre la importancia de la libertad de expresión y la eliminación del miedo a poder decir, como así también se acentuó el avance sobre el proceso de desmonopolización de los medios.
En este aspecto, varios expositores pusieron énfasis en la necesidad de bajar la cantidad de licencias de radio y televisión permitidas a un solo propietario, teniendo en cuenta que el proyecto establece la posibilidad de contar con hasta diez licencias.
Otro de los aspectos destacados fue la garantía de la producción local y el 33 por ciento de participación para las organizaciones no gubernamentales. En este punto, se advirtió que los pliegos deberían ser diferenciados para el sector comercial y para el sector social, punto que no contemplado en la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.
Se puso el acento en que actualmente, el 83 por ciento de los contenidos están en manos de cuatro monopolios internacionales y se hizo énfasis en el carácter social de la comunicación.
Por otra parte, se avanzó en la necesidad de establecer con anterioridad los órganos de aplicación de la Ley, teniendo en cuenta el actual estado de las cosas en lo que hace a políticas públicas de comunicación.
La falta de derogación del Decreto 527, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, fue uno de los puntos más álgidos de la discusión, ya que desde distintas perspectivas políticas, universitarias y comunicacionales se criticó la vigencia de la normativa.
Los interrogantes sobre el verdadero impacto de la Ley y su articulación con la realidad no estuvieron ausentes y flotaron en las exposiciones de varios participantes.
La necesidad del respeto de las Constituciones Provinciales, como así también la incorporación de la participación de las provincias en el otorgamiento de las licencias fue una de las ponencias que se elevarán para su posterior debate en las sedes Legislativas.
Asegurar que los tratados de reciprocidad con otros países sean cumplidos también fue un reclamo del público participante, teniendo en cuenta que los grandes grupos económicos internacionales actúan sin inconvenientes en la compra de licencias, mientras que los ciudadanos argentinos no tienen esa misma posibilidad en los países centrales.
Como coronación, la insistencia en la aprobación de la norma por parte del poder Legislativo y su inmediata reglamentación fue otro de los reclamos escuchados con frecuencia durante la realización del foro.

A continuación los audios de los exponentes:
Miguel Saiz - Gobernador de Rio Negro

Gabriel Mariotto - Interventor del ComFeR

Jorge Ferreira - Intendente de Viedma

Juan Carlos del Bello - Universidad Rio Negro

Abner Lobos - Sindicato Trabajadores de Prensa Viedma

Carlos Caramelo - Instituto Nacional de Capacitación Politica

Ceferino Namuncura - Comisión Nacional de Comunicaciones

Cristina Cabral - Red Adolescencia Viedma

Elena Pizzio - Observatorio Derechos Humanos

Hernan Colombo - Grupo Telecom

Javier Torres Molina - Comunicador Social

Lila Lucchessi - Coordinadora de la Carrera de Comunicacion Social de la Universidad Nacional de Río Negro

Luciana Ramos Shefield - Estudiante Secundaria

Luciano Videla - Director de Prensa Municipalidad de Viedma

Marcos Saldaña - Estudiante Comunicacion Universidad Nacional de La Plata

María del Carmen Donadía - Centro de la Adolescente Emabarazada

Mario Bermudez - Radio Nacional

Néstor Busso - Secretario de FARCo

Patricia Querejeta - Diario Noticias, Viedma

Pedro Pesatti - Diputado Provincial Frente Para la Victoria - Rio Negro

Sandra Polizuk - Docente Comunicacion Universidad del Comahue

Sergio Fernández Novoa - TelAm

Silvia Horne - Diputada Provincial Frente Para la Victoria - Río Negro

Victor Sodero Nievas - Juez Superior Tribunal Justicia

Fotos: Comunicación, Gobierno de Río Negro
Fuente: Correo de la Comarca, Radio Encuentro

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