lunes, 12 de octubre de 2009

Sostiene La Nación que la llave, de la aplicación de la Ley de Medios, está en manos de la oposición

Por: Carlos Pagni
Cristina Kirchner se apresuró a promulgar la ley de servicios audiovisuales antes de partir hacia la India. Tal vez no era necesaria tanta premura. El procedimiento para que la norma aprobada anteayer entre en vigor depende de una cadena de artículos que deja los plazos en manos de la oposición. Este ritmo es decisivo, ya que el artículo 161 de la reforma obliga a las empresas a deshacerse de los canales de TV, de las radios o de las redes de abonados al cable que excedan el cupo determinado para cada negocio.
Las leyes suelen volverse operativas 8 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, el proceso de aplicación del texto que el Senado aprobó el sábado es distinto. En su artículo 164 dispone que la ley 22.285, caracterizada como "ley de la dictadura", no será derogada hasta que se cumplan los plazos establecidos por el artículo 156 de la nueva norma. El artículo 156 determina los lapsos dentro de los cuales la autoridad de aplicación debe elaborar su reglamento interno y las normas técnicas que regirán el sistema de medios audiovisuales a partir de esta reforma. Para el primero se fijan 30 días, y para las segundas, 180.
Como la autoridad de aplicación no puede constituirse antes del próximo 10 de diciembre, la nueva norma no podría entrar en vigor antes de 210 días hábiles a partir de esa fecha. Y eso será así siempre y cuando los diputados y senadores de la oposición designen con toda celeridad a los que serán sus representantes en ese órgano de control.
Es posible que los legisladores del oficialismo no hayan advertido que, si al calendario frío de la ley se le agregan demoras propias de la política, la iniciativa de los Kirchner tardará bastante más de un año en volverse operativa. Y a ese año hay que sumarle otro para que comience la "desmonopolización".
También es probable que los representantes de la oposición no hayan querido levantar la voz sobre este detalle, si es que lo advirtieron. Las empresas, en cambio, ya tienen forma de saberlo. Por ejemplo, el estudio jurídico de Carlos Comesaña, especializado en radiodifusión, hizo circular el sábado entre sus clientes un detallado informe en el que advierte sobre la demora que tendrá la ley para entrar en vigor.

Detalles procesales
Para comprender el proceso hay que prestar atención a algunos detalles procesales. A medida que se avanza en ese examen se comienzan a descubrir, además, ciertos ardides políticos que esconde la norma:

  • El artículo 164 es la llave. Dice: "Cumplidos los plazos establecidos por el artículo 156, deróganse la ley 22.288 y los decretos?", es decir, la "ley de la dictadura" y sus modificaciones.
  • El artículo 156 se denomina "Reglamentos. Plazos". Debe recordarse que el paso del tiempo se mide por la ley de procedimientos administrativos, para la cual "días" son "días hábiles". Para el reglamento interno de la Autoridad de Aplicación establece 30 días de plazo. Una vez efectuada esa tarea, se puede encarar la elaboración de las normas técnicas del nuevo sistema, para la que se asignan otros 180 días. Es decir, para cumplir con el artículo 156 pasarían 210 días hábiles. Recién entonces se derogaría la ley 22.288.
  • Ahora bien, esos 210 días hábiles correrían a partir de que se constituya la Autoridad de Aplicación, encargada de redactar los reglamentos. Eso no puede ocurrir antes del próximo 10 de diciembre, ya que el artículo 14 de la nueva ley establece que "el presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo Nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo Nacional". En consecuencia, las designaciones no pueden realizarse antes del 10 de diciembre, ya que recién a partir de esa fecha faltarán dos años para que concluya el período de la señora de Kirchner.
Aquí vale la pena prestar atención a un detalle: el kirchnerismo fijó mandatos encabalgados para satisfacer una demanda de sus aliados de izquierda, que pretendían desacoplar a la Autoridad de Aplicación del Ejecutivo de turno. Al hacerlo, logró que los directores nombrados por el actual gobierno sigan en sus cargos durante los dos primeros años de la próxima administración.
  • La Autoridad de Aplicación está integrada por 7 miembros. Dos de ellos representan al Ejecutivo; tres a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y otros dos al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, estos últimos no tendrán intervención en la tarea fundacional de redacción de los reglamentos. Insólito: el artículo 156 establece que el Consejo Federal se constituirá dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, que no ocurrirá antes de que se redacten los reglamentos.
La ausencia de los dos representantes del Consejo Federal es muy relevante, ya que determina que los reglamentos sean redactados por una Autoridad integrada por sólo 5 directores. Para que esa Autoridad de 7 miembros tenga quórum es imprescindible que la Comisión Bicameral haya designado a sus tres delegados: uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. ¿Se apresurarán los diputados y senadores de la oposición a designar a sus representantes? ¿O demorarán ese trámite para estirar los plazos de la ley? Si optaran por lo segundo, es imposible que el próximo 10 de diciembre esté constituida la Autoridad de Aplicación y que comiencen a correr los plazos para que la reforma tenga consecuencias prácticas. Más aún: podría sospecharse que la llave de entrada vigente de la ley quedó en manos de la oposición.

Hipótesis favorable
En otras palabras: los 210 días hábiles de plazo para que quede derogada la legislación de la dictadura son la hipótesis más favorable al oficialismo. Todo puede ser mucho más lento. Nada que deba asombrar. El Consejo de la Magistratura que creó la Constituyente de 1994 recién se reglamentó en 2006. Y la ley de coparticipación que la misma convención obligó a dictar antes de que terminara 1996 ni siquiera se ha proyectado todavía.
Estas claves de la normativa que se aprobó el sábado, hasta ahora casi secretas -L Nación sólo detectó el dictamen de Comesaña-, llevó ayer a algunos legisladores del oficialismo a plantearse la posibilidad de una ley correctiva, que debería aprobarse antes del 10 de diciembre. Además de satisfacer las urgencias del Poder Ejecutivo, el nuevo texto debería corregir algunas aberraciones en la redacción del que se acaba de sancionar. Por ejemplo, en el artículo 95 se establece que el Banco Nación transferirá los gravámenes que se depositen en sus cuentas según lo establecido en el artículo 88. Pero el artículo 88 se refiere a la regulación del acceso al espectro radioeléctrico. Es comprensible: en el apuro, los diputados le cambiaron los números del articulado y nadie pudo ajustar el nuevo texto a la nueva correlación. Los senadores, ya se sabe, tenían una orden, emitida por Kirchner a lo Mussolini, de "no cambiar una sola coma".
Tampoco debería asombrar que se sancionara una nueva norma. En 1983 Raúl Alfonsín promovió una ley de cinematografía con tanta premura que en marzo de 1984 debió enviar un proyecto correctivo al Congreso. Es verdad que los errores de Alfonsín se debieron a su ansiedad para eliminar la censura. No para establecerla.

Medios: apuran los Kirchner la conformación del órgano de control
Ese cuerpo es clave para instrumentar la ley; temen dilaciones de la oposición
Por: Mariana Verón y Mariano Obarrio
El Gobierno ordenó en las últimas horas avanzar con urgencia en la conformación del organismo encargado de instrumentar la nueva ley de medios audiovisuales y de llevar adelante el proceso de desinversión de las empresas que no se ajusten a la norma sancionada anteayer por el Senado.
Según confiaron a La Nación ayer altas fuentes oficiales, el matrimonio Kirchner pidió acelerar el dictado de la reglamentación y la designación de los miembros de aquel organismo -la autoridad de aplicación- para que lo antes posible empiece a regir el plazo de un año en el que los medios deberán desprenderse de las licencias de televisión y radio que no se encuadren en la nueva ley. La propia norma establece un plazo máximo de 60 días hábiles para que el Gobierno dicte la reglamentación.
Con el fin de asegurarse el control de la autoridad de aplicación, que tendrá enormes prerrogativas en el control de la actividad de los medios audiovisuales, el Gobierno comenzará a trabajar en los próximos días en consensuar posturas con los gobernadores: quiere que apuren la designación del director que integrará ese cuerpo en representación de las provincias.
La mayor traba para el kirchnerismo será la oposición (como se informa por separado), que podrá estirar los tiempos y dejar para después del recambio legislativo del 10 de diciembre la conformación de la comisión bicameral que designará los tres representantes parlamentarios en el órgano de control.
La autoridad de aplicación que reemplazará al Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) estará compuesta por dos representantes del Poder Ejecutivo, uno de las provincias (allí Néstor Kirchner quiere asegurarse un gobernador afín), uno del ámbito académico y tres del Congreso de la Nación, por la primera, segunda y tercera minorías. Los bloques opositores esperarán, claro, la nueva conformación parlamentaria para designar a sus hombres.
El Gobierno necesita asegurarse la presencia en ese órgano de un gobernador no opositor. Así, con los dos directores que nombra el Poder Ejecutivo más un diputado o senador por la minoría (que seguirá reteniendo el kirchnerismo después del 10 de diciembre) y el gobernador afín, los Kirchner lograrán tener la mayoría del organismo, conformado por siete miembros. Hasta que la autoridad de aplicación no se conforme y fije los mecanismos de transición, el plazo de un año para ajustarse a la nueva ley no podrá aplicarse, confiaron a La Nación fuentes al tanto de los detalles de la norma.
El apuro del Gobierno, incluso, lo manifestó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anteayer, cuando anunció en conferencia de prensa que en tiempo récord la ley había quedado promulgada. "El más corto va a ser el óptimo de los tiempos", sostuvo con su habitual juego de palabras el jefe de los ministros, en referencia a los plazos de aplicación de ley.
Según explicaron a La Nación fuentes del Gobierno, la ley por sí misma fija el plazo de un año para iniciar el proceso de venta de licencias, pero requiere, previamente, que la propia autoridad de aplicación dicte la entrada en vigor de ese plazo, según la situación de cada empresa. El dato surge del polémico artículo 161, que establece "un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición".
Por ese motivo, con la presidenta Cristina Kirchner de viaje por la India, Néstor Kirchner ordenó apurar los tiempos para evitar sobresaltos. Todavía eufóricos con el rotundo triunfo en la madrugada de anteayer en el Senado, en el Gobierno se anticipan a analizar que no habrá cambios a la ley una vez que asuma el nuevo Congreso. "No tendrán chances", pronosticó un hombre del círculo más estrecho del kirchnerismo.
En la visión del oficialismo, la oposición intentará, al menos, retrasar la conformación de la autoridad de aplicación, pero consideran que no conseguirán número para modificar la nueva ley, que obtuvo el apoyo de bloques de centroizquierda y del socialismo en ambas cámaras.
En el Gobierno reconocen, en cambio, que esperan un largo conflicto con algunas empresas afectadas por la nueva ley. "Seguramente tendremos una agudización del conflicto con Clarín, que tendrá un año para evitar que se aplique la ley", confiaron allegados al ex presidente.

Los juicios

Otra estrategia que se pondrá en marcha en Olivos, con el visto bueno de la jefa del Estado, será el diseño de una defensa firme en los tribunales para contrarrestar las denuncias judiciales que presentarán las empresas afectadas y algunas provincias, que impugnarían el avance del Estado sobre el federalismo, la inseguridad jurídica y el avance sobre de libertad de prensa.
Aníbal Fernández dijo anteayer que "esas presentaciones no tendrán fundamento".
Los argumentos legales se trabajan en Olivos con la pluma del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, a cargo del diseño jurídico de la Casa Rosada.
Según explicaron anoche en el Gobierno, en el actual ComFeR, que trabajará en la redacción de la reglamentación de la ley, prevén dos meses hasta que finalmente esté publicada. Justamente, apuntan a cerrar allí todos los detalles para evitar que los juicios puedan prosperar. "Todavía no hay nada escrito, pero será un trabajo muy arduo", amplió un funcionario.

Claves
Autoridad de aplicación: el Gobierno apurará la conformación de ese cuerpo para tener mayoría y aplicar la ley lo antes posible.
Reglamentación: es el otro objetivo urgente de la Casa Rosada. Está previsto terminarla en dos meses.
Tribunales: la redacción de la reglamentación de la norma será clave para evitar los juicios que se prevé harán las empresas afectadas.

Reflejo del estado de la sociedad
Por: Henoch Aguiar*
He aquí la ley. Se abrirán nuevos concursos de radio y televisión. Habrá nuevas voces. El Comfer dejará de estar intervenido y será gobernado por un directorio colegiado y plural, de diferentes orígenes. ¡Qué bueno!
La nueva autoridad de aplicación sólo adjudica los medios pequeños y medianos. Los medios importantes, en las ocho principales ciudades del país, serán adjudicados por el Poder Ejecutivo. También todos los nuevos canales digitales de televisión. ¡Qué malo!
Se incentivan la producción nacional, la creación de programación propia, la música, la publicidad y el cine nacionales. Se protege a la audiencia con el defensor del público y, muy especialmente, a la infancia. Entusiasma. Se prohíbe que los canales y cables puedan comercializar en todo el país más de una señal. Quienes tienen capacidad para generar diferentes contenidos no la pueden aprovechar. Es como obligar a una fábrica de autos a comercializar un único modelo. Desalienta.
Se controlan los monopolios; se fragmentan espacios demasiado consolidados. Alegría de unos. Se quiebran certezas jurídicas. Enojo de otros. Entrarán nuevos emisores por la puerta grande, merecidamente, porque fueron largamente discriminados. Y se colarán por las rendijas contratistas de obras públicas y amigos de circunstancia del poder, fieles servidores hoy y alegres traicioneros del mañana.
La discusión y la sanción de la ley reflejaron nuestro estado de sociedad. Volaron epítetos como cuchillazos de malevos de barrio. Reñidero de intereses. Con honrosas excepciones, la ley se enriqueció poco y se descalificó al otro en demasía.
Pensar contra el otro y no con él. Los medios y el Gobierno se hundieron en el destructor juego del enemigo. Ninguno hizo autocrítica de los errores que cometieron y que todos conocemos. Tendremos que aprender a construir un nosotros, un espacio que nos albergue sin las dolorosas estridencias de quienes sólo acusan, quizá porque no saben construir.

*El autor fue secretario de Comunicación de la Nación


Una norma carente de consenso
Por: Guillermo Jenefes*
Ya ha concluido un largo debate, nuestras bancas en el Senado están vacías, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual ya es una ley sancionada por el Congreso de la Nación y mi pensamiento es que debemos verla con esperanza.
Esperanza de los radiodifusores existentes de tener reglas que espero que se cumplan por todos. Esperanza de quienes aspiren a tener un medio de comunicación y transmitir lo que otros medios no transmiten.
Muchas de las normas contenidas en la ley pudieron haber sido modificadas, ya que, como expresé reiteradamente, no era una ley tan mala como para ser rechazada ni tan buena como para no ser modificada.
Una vez más, no nos escuchamos, sólo debatimos ideologías y oportunismo político. Y así no tenemos una ley con el consenso de todos, que demuestre que aquí no existen buenos o malos según la posición tomada.
Sostuve firmemente y sin presión algunas de mis ideas. Con un poco de esfuerzo hubiéramos obtenido una ley con plena seguridad jurídica, respeto de los derechos adquiridos dentro de la legislación vigente, sin olvidar que no existen derechos absolutos. Y que esos derechos deben ajustarse al fin de esta ley de orden público, que es la promoción, desconcentración y fomento de la competencia.
Aprobamos una ley que teóricamente tiene conceptos ideales. Pero la realidad como única verdad es que los medios, sean públicos, privados, con fines de lucro o sin fines de lucro, sólo se sostendrán económicamente con publicidad o con abonados y dichos ingresos determinarán su viabilidad económica y, por ende, sus posibilidades de supervivencia.
Los medios privados argentinos forjaron 50 años de historia en la radiodifusión, fueron pioneros sacrificados de esta industria, tienen mucha historia, de la que estoy orgulloso.
Deseo que esta ley no acalle ninguna voz; y que en la Argentina, donde existe plena libertad de expresión, la gente continúe expresándose libremente.
Aspiro a que se vea que, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires, existe un interior profundo que padece muchas necesidades básicas y que, de no mediar solidaridad, nos seguiremos enfrentando y así seguiremos postergando lo que realmente importa: una Argentina justa, solidaria y en paz.
Finalizado el debate tengo la plena tranquilidad de haber hecho lo que debía, de haber cumplido con mis obligaciones, ya que por sobre cualquier interés personal rigen plenamente mis obligaciones públicas.

*El autor es senador nacional por Jujuy del Frente para la Victoria

Fuente: Diario La Nación

No hay comentarios.:

Quizás también le interese: