miércoles, 2 de septiembre de 2009

Luis Pardo: “El monopolio, sea privado, sea estatal, no es deseable”

Según el chileno Luis Pardo, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, a la gente que no acepta la democracia le molesta los medios de comunicación con visiones discrepantes, y es una falacia la democratización del espectro radioeléctrico al estilo Venezuela.
Por: Susana Oviedo | soviedo@uhora.com.py

¿Cuál es la mejor garantía para un acceso democrático a los medios de comunicación?
Un marco jurídico que sea efectivamente robusto en términos de garantizar la libertad de expresión, pero fundamentalmente una ciudadanía comprometida con la libertad de expresión.
La libertad de expresión no es un patrimonio de los medios, sino de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que finalmente en su escrutinio diario de castigar o premiar un medio con su audiencia; informarse y ejercer su derecho a voz a través de los medios, los que mejor pueden cautelar y defender la libertad de expresión.

El Gobierno de Venezuela y otros de la región invocan la democratización del espectro radioeléctrico para adoptar cuestionadas disposiciones en el campo de la radiodifusión. ¿Qué opina al respecto?
En ese sentido, el mejor ejemplo lo da el propio gobierno de Hugo Chávez. Si uno va a Venezuela -yo he ido muchas veces- y escucha los medios supuestamente democratizados, se encuentra con que hay una sola visión y versión de los hechos.

¿Qué es lo que realmente el gobierno de Chávez está cometiendo?
No tienen cabida los que se oponen o mantienen visiones discrepantes del poder oficial. Partiendo del mismo presidente Hugo Chávez, se insulta no solo a los medios que denominan opositores, sino a todos quienes no piensan o no adhieren a sus postulados. Si eso es democratizar el espectro radioeléctrico, yo creo que cualquier persona puede sacar sus conclusiones y darse cuenta de que el término democratizar no es más que una falacia para justificar lo injustificable. Es lo que están haciendo en países como Venezuela.

¿Qué postura tiene la organización que preside respecto al monopolio de medios que también se da en el continente?
Nosotros lo rechazamos categóricamente. El monopolio, sea privado, sea estatal, no es deseable.
Por eso es importante que en los distintos países las legislaciones antimonopolio que estén imperantes velen también porque se contemple a los medios.
Pero estamos hablando de legislaciones técnicas, de orden económico, y no propagandístico que lleve a utilizar el término monopolio para justificar acciones de estigmatización y de persecución a los medios.
Si existe una diversidad de medios, como se da en la mayoría de los países, y si existe una auténtica libertad de expresión, la competencia entre los medios es la mejor garantía de un acceso equitativo a los contenidos.

¿Cómo califica la situación planteada en Venezuela con el retiro de licencias a 36 emisoras de radio y la advertencia de que esta medida se extendería a otras emisoras?
Venezuela anunció el cierre de 240 radios porque supuestamente no cumplían con los requisitos de legalidad. Pero en estricto rigor, los que no han cumplido con la ley en Venezuela son las autoridades Lo que pasa es que el principal monitoreo de los medios es el que hace el público, el que hace la audiencia venezolana, y específicamente las del Conatel, que tenía la obligación -por ley orgánica de telecomunicaciones- de acoger la tramitación de los títulos de todas las radios que en ese momento tenían que adaptarse, de la ley anterior, a la nueva ley dictada en el 2000.
Por lo tanto, el Gobierno de Venezuela es el que no ha cumplido con la ley, y anunció entonces el cierre de 240 radios, de las cuales efectivamente cerró ya 34, sin ningún tipo de debido proceso.
Sin ninguna posibilidad de que esas radios que estaban prestando un valioso servicio a la comunidad pudiesen defenderse de esta medida arbitraria. Lamentablemente, está latente el riesgo de que siga cerrando el resto de las 240 estaciones.

¿Por qué se da este tipo de reacciones contrarias hacia los medios de comunicación en diferentes países de la región?
Son solo en los gobiernos cuya visión de la sociedad y cuyos postulados ideológicos no son democráticos. Este no es un tema de derecha e izquierda.
En la región hay gobiernos de izquierda y hay gobiernos de derecha que son absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y del rol de los medios y del rol de los periodistas. Y hay gobiernos como el de Venezuela que no pretenden una sociedad democrática, sino que pretenden, como sus propios proyectos constitucionales lo señalan, una sociedad donde haya un partido único, una receta única, un líder único y, por lo tanto, una visión única de la realidad.
A ese tipo de gente que no acepta la democracia, le molestan los medios de comunicación que ponen en el tapete las visiones discrepantes, las visiones diferentes de los distintos actores sociales.

¿Qué reparos formula su organización al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por la presidenta Cristina Fernández al Congreso de su país?
Tiene grandes similitudes con la legislación que ha impulsado el Gobierno de Venezuela. Básicamente se constituye en un mecanismo en el que tiene dominio el Poder Ejecutivo. Tiene atribuciones para cercenar a los medios de comunicación, incluso para revisar cada dos años su licencia o concesión. Todo lo cual se traduce en un condicionamiento y en una restricción de la libertad editorial de los medios, que quedan expuestos a los mecanismos de censura y control externo, que hacen muy difícil que puedan ejercer una auténtica libertad de expresión.

¿Normalmente con qué frecuencia se realiza esa revisión o monitoreo de las concesiones de licencia?
Lo que pasa es que el principal monitoreo de los medios es el que hace el público, el que hace la audiencia.
Mal puede hacer una autoridad administrativa, con criterios desconocidos, porque el proyecto de ley planteado en la Argentina tampoco señala criterios objetivos ante los cuales supuestamente se va a hablar a los medios. El solo concepto de evaluar a los medios por una vía burocrático-administrativa, con todas las implicancias que tiene una ley de ese tipo, ya es en sí un retroceso en materia de libertad de expresión. Pero eso, llevado al extremo, como es el caso de dicho proyecto de ley, que plantea revisar cada dos años si los medios se ajustan o no a parámetros misteriosos que solo ellos conocen, es una pérdida total de la libertad editorial de los medios.

Sus frases
El solo concepto de evaluar a los medios por una vía burocrático-administrativa ya es en sí un retroceso en materia de libertad de expresión.
Gobiernos como el de Venezuela no pretenden una sociedad democrática, sino que pretenden, como sus propios proyectos constitucionales lo señalan, una sociedad donde haya un solo partido, un único líder, una visión única.

Valora el compromiso hacia la prensa

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) reconoce y valora que en el Paraguay "existe hoy un respeto a la libertad de expresión y al funcionamiento de los medios privados independientes", según el presidente de la entidad, Luis Pardo Sainz.
"Valoramos particularmente que el presidente de la República haya reiterado públicamente que bajo su mandato se va a mantener ese mismo régimen, y que no va a haber iniciativas de corte restrictivo de la libertad de expresión", destaca.
Con relación a la iniciativa de algunos gobiernos, entre ellos el paraguayo, de promover la creación de medios públicos, Pardo dijo que estos y los llamados medios comunitarios per se no son malos.
Califica de legítimo que existan. Pero con esta salvedad: en la medida que realmente respondan a los conceptos de público y de comunitario. "Una televisión o una radiodifusión pública no debe estar al servicio del gobierno de turno, sino al servicio de los grandes intereses de la nación", resalta.
Resaltó que el riesgo latente con respecto a los medios públicos es que se los utilice para fines propagandísticos, como ocurre en Venezuela o en Ecuador.

Fuente: Últimas Noticias

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