sábado, 12 de septiembre de 2009

Ley sin debate y juicios millonarios

Discutir el proyecto de radiodifusión es esencial no sólo para la clase política, sino para los ciudadanos, que deberán pagar las demandas que surjan de su aplicación
Por: Miguel Serralta, senador provincial del PJ, Mendoza
"La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende". Juan Domingo Perón
Como es de público conocimiento, impulsé acompañado por la mayoría de los senadores provinciales de Mendoza la idea democrática de discutir el proyecto de radiodifusión, presentado en el Congreso de la Nación. Esto por diversos motivos, en primer lugar atento a las evidentes deficiencias que el proyecto presenta, que generan un profundo rechazo en la sociedad, pudiendo propiciar una crisis institucional-republicana.
Por esto propugnamos el debate y lo hicimos buscando, para beneficio de la comunidad, la mayor discusión posible, la mayor amplitud, el consenso, actividad que entendemos es fundamental para validar una ley de estas características, inspirados en los ideales republicanos, fundantes de nuestra Nación.
Con sorpresa veo en los medios de comunicación y en las declaraciones realizadas por distintos actores sociales y políticos una inusitada y extraña negativa a considerar el amplio debate de esta ley, negando la necesidad de discutir.
El debate, enriquecedor de todo proyecto de ley, es fundamental para la salud institucional y democrática del país.
Ahora bien, nos encontramos en desacuerdo, y es ahí cuando mis valores democráticos no me permiten transigir, con tratar el proyecto casi sin discusión, rápidamente, sin dilación, y casi sin debate, por entender que la celeridad en este tipo de ámbito, el Legislativo, no debe ser el objetivo a seguir, esto así, porque contrariamente a la función del Poder Ejecutivo, que debe tomar acciones rápidas y concretas, el Poder Legislativo debe ser más pensante, racional y mucho más conciliador, atento a que las normas deben tener en vista a la generalidad de la sociedad. Teniendo en cuenta que es un proyecto de ley muy complejo, es necesario que todos participemos en los debates.
Estoy de acuerdo con una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero consensuada por todos, determinando quién y cómo se regulan las pautas publicitarias del Estado, con el fin de que nadie sea perjudicado, impidiendo que las pautas publicitarias del Estado sean utilizadas como premios y castigos de los medios de comunicación.
La pregunta que cabe aquí es: ¿por qué ahora y tan rápido?
En segundo lugar me opongo firmemente al mencionado proyecto, ya que el mismo posee una serie de deficiencias importantes y errores de concepción, que atentan contra los principios de la democracia. Tan así es, que entendemos que el órgano de control (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) debe tener una mayor autonomía respecto del Ejecutivo Nacional, y no como se establece en el artículo 10 del proyecto, que somete a dicho órgano bajo la directa influencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Este órgano de control debería tener una autonomía equivalente a la que en Mendoza se le ha dado, por ejemplo, al Departamento General de Irrigación, con autonomía funcional y autarquía financiera, con el único control final del Poder Judicial.
Hay que evitar que el gobernante de turno tenga el control total de la información y de los medios de comunicación en el país, evitando así la diversidad de opinión y la crítica.
Quiero una política libre y democrática para los ciudadanos que hacen uso de los medios de comunicación. Asimismo, el artículo 14 del proyecto establece que el Ejecutivo designa los únicos cinco (5) miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dos (2) a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. El presidente del Directorio también será designado por el Poder Ejecutivo.
Entendemos que dicha forma en la designación de los miembros del directorio es no menos que arbitraria, ya que no hay pautas objetivas para la selección de los mismos, y el Ejecutivo concentra la mayor cantidad de directores, al poder designar directamente a tres e indirectamente a los dos restantes, evitando así la pluralidad que debería ser el objetivo de la ley, tal como se sigue en otros países, tales como el Federal Communications Commission (FCC, EE.UU.) y El Conseil Supérieur de lAudiovisuel (CSA) de Francia.
¿Qué ocurre si sistemáticamente se rechazan los pliegos de los dos directores en minoría? La respuesta es simple, no habrá control democrático de los medios de comunicación.
Otro punto álgido es el artículo 38. En el inciso 2.C, el proyecto del Gobierno expresa que se puede operar "hasta una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta". Es impensable que quien tenga una señal de aire no podrá bajo ningún aspecto tener señal de cable, cuando los servicios y el público que ambos tipos de emisión tienen son distintos y, por ende, no hay colisión alguna de intereses, no hay monopolio. Por qué limitar que exista un titular de licencia de canal abierto y otro por suscripción, ya que no se forma monopolio alguno con este medio de participación en la actividad comunicacional, sino cuando un titular tiene varias licencias abiertas y por suscripción.
La ley atenta en contra de las FM comunitarias que en su mayoría son pymes, las cuales son aproximadamente unas 8.000 empresas, de no más de diez empleados, y que podrían verse afectadas por distintas normas que integran el proyecto, siendo fundamental que las mismas expresen su opinión y descargo.
Es imperioso que no se perjudique a la producción local, ante ello vemos como necesario incrementar el porcentaje de dicha producción (artículo 57 inciso 2 apartado 3, 20% en la ley), para los medios de comunicación, ya que de esta manera federalizaremos aún más la comunicación en el país y garantizaremos y acrecentaremos las fuentes de trabajo.
Finalmente el artículo 152 del proyecto resulta equivocado, ya que indirectamente declara caducas licencias ya otorgadas, sin dar la contraprestación económica que dicho daño irrogaría, generando la posibilidad de una infinidad de demandas por los daños y perjuicios.
Nosotros, los ciudadanos, tendremos que pagar millones de pesos en indemnizaciones, y me pregunto: ¿cuántas viviendas, escuelas, hospitales, se podrían construir con ese dinero desperdiciado? ¿O el Estado se tendrá que endeudar?, con los perjuicios que ello representa, ¿volveremos al problema diario del Fondo Monetario Internacional, el riesgo país, etcétera? ¿Cuál sería el perjuicio que deberíamos asumir por una mala decisión política?
Además no veo cuál es el objetivo de conculcar derechos adquiridos por empresas y particulares, que han invertido en un plan de negocio a largo plazo, teniendo en vista las concesiones ya otorgadas.
Así la Corte Nacional expresó en el fallo Smith que es fundamental la necesidad de preservar los contratos, no alterar su sustancia, y no violarlos.
Igualmente dicha norma viola el principio de estabilidad de los actos administrativos, con lo cual es notoriamente ilegal. Esto dicho desde la perspectiva del artículo 40 del proyecto, que deja abierta la puerta a la modificación de las licencias otorgadas a distintos cambios que pudieran ocurrir por la aplicación de nuevas tecnologías. Esta ley permitiría al Estado violar los contratos que firmen con los particulares, generando incertidumbre, lo que conllevaría a la no inversión de los medios de comunicación en tecnología, ya que no podrán predecir que el Estado sin motivo pueda revocar las licencias. Esto último es impensado en un país serio, en ningún lugar del mundo se deja abierta una puerta legal, como la que pretende el artículo 40, avalando así expoliación de derechos adquiridos. Por ello, queremos una ley de todos y para todos, discutida por todos. No dar lugar al debate dejará a la ciudadanía marginada de una actividad (medios de comunicación) que está presente en su vida cotidianamente. En este marco, se pretende también incluir empresas de telefonía, las cuales no sólo son un monopolio en el ámbito de la comunicación, sino también a partir del diseño de esta ley, lo serán en el mercado comunicacional. Hay que tener presente que la mayoría de los ciudadanos tiene graves problemas con las empresas telefónicas, como son facturaciones equivocadas, mala prestación del servicio, entre otros. Con dicho proyectos, estas empresas operarían no sólo en los rubros de telefonía e internet, ¿sino que también en el área de televisión? Es sabido que Telecom, empresa que opera la telefonía del norte del país, tiene graves problemas y presta un servicio ineficiente. Telecom con esta ley se encuentra a las puertas de brindar un servicio más que monopólico, al concentrar en un mismo servicio teléfono, internet y televisión, siendo dicha situación una amenaza para la libertad y competencia libre.
No podemos avalar el desbaratamiento de derechos adquiridos, no podemos permitir someter y subyugar a la sociedad a una norma que limite su derecho a una información libre y no manipulada ni por empresas ni por el Estado y, finalmente, no podemos permitir que el Estado sea el que designe, sin control alguno, la política de medios de comunicación.

Fuente:
Diario UNO


Miguel Serralta: "No estoy en contra de la ley ni a favor de ningún empresario, sólo quiero más debate"
El legislador se negó a asegurar que su postura frente al nuevo proyecto de ley tenga que ver con intereses con algún empresario en particular, en especial con el grupo Vila Manzano.
El senador provincial Miguel Serralta habló este miércoles en Radio de Cuyo de la nueva ley de Servicios de Medios Audiovisuales el cual ya fue enviado al Congreso Nacional por la presidenta Cristina Fernández, momento en el que el legislador se expresó en contra de que el tratamiento de la ley sea tan inmediato por lo que impulsó un proyecto donde propone que "se suspenda para más adelante" el debate argumentando que en las provincias debe haber más discusión al respecto. Asimismo, negó que su postura tenga que ver con su vinculación al grupo multimedia Vila-Manzano.
"No respondo a ningún empresario en particular", respondió Serralta cuando se le preguntó las causas por las cuales se opone al proyecto de ley, "me ofenden con esa pregunta porque yo trabajo para el Gobierno y lo que planteo es una postura mía, nadie me dice que levante la mano en representación de alguien".
En tanto, el senador habló del polémico artículo del proyecto en el cual se plantea limitar la presencia de empresas monopólicas en los medios de comunicación y afirmó que hay que estudiar el tema en profundidad "porque uno ve que en el proyecto de ley a las telefónicas se les da la oportunidad de abrirse a los medios, cuando en el país no funcionan bien. Sacamos un monopolio para poner otro".
En cuanto a esto, el legislador se muestra a favor de logar un mayor debate, fundamentalmente de aquellos temas "que no están claros". No obstante, aclaró que cuando en el Gobierno de De la Rúa se iban a venir las repetidoras y estaban involucradas todos los medios "también me opuse y planteé una política con mayor programación local, en este caso pido no se corte el debate sino que se amplíe la discusión a las demás provincias, que haya avales y apoyos de distintos poderes, ideas y propuestas que se pueden plantear".
El senador fue insistente con la idea de que en el proyecto de ley le quedan muchas preguntas, "creo que el nudo de la nueva ley es el poder de controlar a los medios por parte del Ejecutivo, pero el otro tema es saber la cantidad de producción local tanto nacional como provincial que se va a poder realizar".

Fuente: El Sol Online

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