Por: Silvana Giudici*
Desde 2005 insisto en el Congreso sobre la necesidad de sancionar una nueva ley de radiodifusión. El proyecto que presenté el 8 de agosto de 2006 va en el mismo sentido que los anteriores proyectos formulados por legisladores de mi partido y también del socialismo. Todos creemos en la necesidad de modificar una ley que favorece la concentración y la extranjerización de los medios de comunicación. Por eso somos muy precisos en el rechazo del "anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual" presentado por la presidenta Cristina Kirchner.
Es necesario realizar la reforma de la ley 22.285 de manera objetiva y con fuertes consensos. La nueva norma debe constituirse en el marco legal vigente para los próximos 30 años. No es posible sancionar una ley para destruir a algunos y hacerles un traje de medida a otros.
El anteproyecto que se propone para saldar la deuda de la democracia es, paradójicamente, en algunos aspectos, antidemocrático y pro monopólico. De aplicarse la ley como está redactada se favorecerá la incorporación de nuevos y poderosos actores en la comunicación audiovisual que, por su volumen, podrían adquirir posiciones dominantes en el mercado del cable, el triple play y en el nuevo y hasta ahora vacante segmento de la televisión móvil.
Hablamos, por ejemplo, de las empresas de servicios públicos. Si pasaran a operar sin prohibiciones en radiodifusión, cable y triple play , varios de los pequeños operadores de cable en el interior desaparecerían bajo el efecto de una competencia superior a la actual. La televisión por cable logró lo que la televisión abierta no pudo: generar contenidos, identidad y cultura local.
El anteproyecto del kirchnerismo afecta por igual a todos los medios audiovisuales. Establece un marco de inseguridad jurídica, a través de los artículos 38, 48, 98 y 143, que le otorgan facultades al ComFeR para revisar las licencias cada dos años, elaborar nueva normativa, verificar la existencia de vínculos societarios de los aspirantes a licencias con otras actividades de la comunicación social, declarar la caducidad de las licencias y administrar el medio que recibió esa sanción.
Las leyes que sanciona un gobierno democrático deben fijar reglas de juego claras y permanentes. Este anteproyecto adolece de sectarismo, propone situaciones sin antecedentes en ningún país del mundo y no favorece a quienes todos queremos proteger. Si avanzan con esta propuesta, sólo los poderosos del mercado sobrevivirán.
No alcanza con anunciar la segmentación del espectro radioeléctrico. Es importante definir cómo se hará la transición y cómo el nuevo ComFeR va a asignar con equidad las nuevas frecuencias. Si hasta ahora no se aplicó la modificación del artículo 45, que el Congreso sancionó en 2005 y por el cual las organizaciones sin fines de lucro pueden obtener licencias, fue por falta de voluntad política y por impracticabilidad en un espectro saturado y lleno de interferencias.
La ley de radiodifusión de la democracia debe basarse en los consensos. Una ley restrictiva afectaría directamente la libertad y, por lo tanto, su debate debe incluir a todos. De nada sirve un debate entre amigos: el verdadero debate debe darse en el Parlamento. Las ideas deben sostenerse desde la honestidad intelectual. De nada servirá disfrazar con tintes épicos medidas dirigidas a fragmentar los medios para tratar de imponer un relato oficial sobre la realidad, porque la verdad, tarde o temprano, trasciende siempre.
*La autora es diputada nacional (UCR) y preside la Comisión sobre Libertad de Expresión
Fuente: Diario La Nación
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