miércoles, 7 de enero de 2009

El país está en deuda con la libertad de expresión

Por Adrián Ventura
El Congreso nacional postergó hasta marzo un importante debate sobre la libertad de expresión: la modificación o la derogación del delito de injurias, un asunto sobre el que la Corte Interamericana condenó a la Argentina y respecto del cual el senador Samuel Cabanchik (Coalición Cívica) presentó un proyecto de ley.
No son la supuesta corporación periodística ni los medios más denostados por el matrimonio presidencial quienes reclaman ese paso, sino que la exigencia fue impuesta a la Argentina por la Corte Interamericana, un tribunal cuyas sentencias son obligatorias para el país.
El periodista Eduardo Kimel había criticado a un juez porque no había investigado adecuadamente la Masacre de San Patricio, ocurrida en 1976, y la Justicia, que nunca castigó ese hecho, sí condenó al periodista, mediante un fallo que, en los noventa, fue confirmado por la Corte nacional.
En mayo de 2008, la Corte Interamericana estableció que si bien los medios y los periodistas pueden estar sujetos a responsabilidad penal, los artículos que establece el Código Penal argentino sobre calumnias e injurias, por su redacción ambigua, son contrarios a las normas sobre libertad de expresión que establece aquel tratado internacional. Y, por eso, le ordenó al Estado argentino reformularlos.
El tema comenzó a debatirse en diciembre, sobre la base del proyecto de Cabanchik, que el oficialismo aceptó tratar en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el pampeano Rubén Marín (FPV). Pero, finalmente, no avanzó.
El senador porteño por la CC propone la derogación de los artículos 110 y 113, que castigan las injurias y su reproducción por la prensa. En cambio, el oficialismo propone reformar la tipificación de ese delito, de manera que el delito de injurias siga estando castigado con una redacción más precisa que la actual.
Los delitos de calumnias e injurias fueron muchas veces utilizados por jueces y políticos para perseguir a los periodistas. El país vive en default económico, pero también institucional. Por eso, sería positivo que, en esta oportunidad, el Estado cumpla con la orden de la Corte Interamericana.

Fuente: Diario La Nación

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