sábado, 16 de agosto de 2008

Rebelión en los Valles

"No estamos cortando la ruta. Sólo paramos a los camiones que van a La Alumbrera." Este método de protesta dejó de ser patrimonio del lock out patronal de las corporaciones agrarias y ahora se hizo extensivo a otros sectores sociales en conflicto.
Así, las comunidades indígenas del Valle Calchaquí junto a grupos de pobladores autoconvocados de pueblos de la región, decidieron tomar esta metodología pero no para defender una renta extraordinaria, sino en defensa del derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación.
Es un hecho inédito porque hasta hoy, nunca un convoy con equipamiento destinado a La Alumbrera había sido interceptado y retenido a fuerza de protestas a lo largo del camino hacia el yacimiento minero.
La acción le permitió a los ambientalistas y miembros de las comunidades indígenas frenar el miércoles pasado el tránsito de cuatro camiones de gran porte a pocos kilómetros de Colalao del Valle. El convoy había partido a mediados de julio desde el puerto de Iquique, en Chile, y transporta unos gigantes tanques para el lavado del material minero. Pero no son los primeros tanques que pasan por los Valles Calchaquíes. Según los ambientalistas, ya pasaron seis transportes similares y esperan muchos más.
En realidad, la Ruta Nacional 40 y los trazos de caminos provinciales que conducen hasta La Alumbrera fueron testigos del paso de cientos de camiones y transportes a lo largo de los 11 años de explotación en el departamento de Belén, a unos 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Andalgalá, en Catamarca.
A pesar de los años transcurridos de explotación, la actual protesta contra la minera y los proyectos extractivos a cielo abierto podría convertirse en un primer paso para la interrupción forzada del trabajo de la compañía de capitales suizos y canadienses como medida preventiva que evite el avance del otro mega proyecto minero: Agua Rica.
El temor de un posible desastre ambiental en los Valles Calchaquíes está fundado en la investigación que realizó la Justicia Federal de Tucumán sobre la acción contaminante de Minera Alumbrera. El procesamiento del directivo de la empresa Xstrata (controladora de la minera), Julián Rooney, abrió la certeza de una condena y los pobladores de la zona creen que se debe paralizar la actividad por lo menos, hasta que la Justicia termine el proceso judicial contra la firma. Las acciones que llevan adelante contra la minería parecen rubricar este anhelo.
El pasado 28 de mayo, la Cámara Federal de Tucumán ratificó el procesamiento de Julián Rooney haciendo lugar al recurso de apelación del fiscal Federal, Carlos Brito, revocando así, la sentencia en primera instancia que había resuelto la falta de mérito en la causa. A Rooney se le imputó la presunta comisión del delito previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051 (Residuos Peligrosos).
La investigación había comenzado con la denuncia del ex funcionario provincial Juan González quien dio cuenta de la presunta contaminación detectada en el vuelco de efluentes de la planta de secado de la empresa Minera Alumbrera en el canal DP2, ubicado en el departamento de Cruz Alta, Tucumán. Diversos estudios que figuran en el expediente revelan que dichos efluentes poseían minerales en valores superiores a los permitidos y terminaban en el cauce del canal con destino final en el Dique de Las Termas de Río Hondo.

Crisis hídrica
Huaipo es el nombre con que se lo conoce a este referente de la Comunidad India de Quilmes. Protagonizó junto a un grupo de miembros de su comunidad e integrantes de los grupos de pobladores autoconvocados del valle, el piquete que retuvo los cuatro camiones de la empresa chilena Carmona. “Estamos en Colalao demorando una carga con destino a Minera Alumbrera. Son tanques para la lixiviación del mineral y suponemos que sirven para el lavado con sustancias ácidas y ya sabemos cómo termina esta historia: en un cóctel de contaminación”, explicó.
El dirigente indígena piensa que los tanques también pueden ser utilizados para la apertura del otro mega proyecto minero: Agua Rica. Pero explica que la mayor preocupación en el valle es la crisis hídrica por la que están atravesando. “Los productores de Santa María dicen que los pozos de agua han bajado más de seis metros. Hay informes señalando que la minera utiliza unos 5 millones de metros cúbicos de agua por día, vale decir- ejemplifica- casi un dique completo cuando el agua es escasísima en nuestra región”.
“Lo que queremos denunciar -resalta- es el inminente comienzo de Agua Rica. Ese otro emprendimiento va a necesitar tres veces lo que usa La Alumbrera, y las aguas saldrán sobre todo del Campo del Arenal, el acuífero más grande que tiene el valle, en la zona de Santa María. Es por eso que lo hemos declarado patrimonio de la población indígena porque para nosotros, este recurso es sagrado y venimos a defender nuestra vida.”
Huaipo justificó la retención de los camiones porque consideró que “están pasando carga de gran porte con sustancias químicas ácidas y venenosas por nuestras tierras”. Y recalcó que si bien transitan por la Ruta Nacional 40, el traslado se realiza por territorio indígena. “No se nos ha consultado nunca el paso de este tipo de cargas y así se está violando el derecho que tenemos a que se nos consulte y participar en decisiones de este tipo. Ahora estamos haciendo valer lo que la Constitución y los Pactos internacionales dicen”, enfatizó.
Pero el paso del convoy por Colalao del Valle también trajo aparejado otras dificultades: el corte de cables de alta tensión y la preocupación de los vecinos del pueblo. “Ayer (por el martes) pasaron cortando cables de alta tensión sin importarles la población. Sobre todo por la presencia de niños en la calle que promovió hasta la suspensión de las clases”, comentó. “Ahora (por el miércoles) hemos acordado que los camiones, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, quedarán en custodia en un predio a seis kilómetros de Colalao. Hemos tomado esta medida en defensa de nuestra vida, el ecosistema y por el derecho a vivir en un ambiente sano para nuestras familias y estamos dispuestos a impedirles el paso cueste lo que cueste. Sabemos que la minera inició su explotación sin tener en cuenta los informes de impacto ambiental ni las consultas a las comunidades, cuestión que la deberían haber hecho porque los pueblos indígenas son afectados directamente por este tipo de explotación. Pretendemos discutir un programa de desarrollo sustentable que preserve nuestro medio ambiente, los acuíferos, nuestros animales y nuestras plantas, proveedoras de la medicina ancestral. Y hasta que no nos den participación y aseguren la consulta no dejaremos pasar nada, absolutamente nada a la minera. Y que quede claro”, finalizó.

Fuente: El Periódico

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