viernes, 22 de febrero de 2008

Premian a uno de los asesinos de Fuentealba

[Agencia ACTA] Por Arturo M. Lozza. El comisario general Moisés Soto, ex subjefe de la Policía que asumió la responsabilidad de la represión sobre la ruta nacional 22 donde fue cobardemente asesinado por la espalda el profesor Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007, fue designado integrante del gabinete que acompaña al intendente Gabriel Barros en el municipio neuquino de Buta Ranquil, al norte de la provincia.
Los trabajadores de la Justicia y la CTA denunciaron el hecho y reclamaron enérgicamente que Soto sea preso por homicida en lugar de ser designado en un cargo público. “Moisés Soto hoy es un criminal común, y un criminal común no tiene nada que hacer en un cargo público y el intendente de Buta Ranquil deberá rever esta determinación bajo admonición de convertirse en cómplice de tal crimen”, declaró Mario Angel Alonso, secretario de Organización de la Central e integrante de la conducción del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén.
El ex subjefe de la Policía neuquina ha sido designado, paradójicamente, en el cargo de director de Recursos Humanos. “Los principales responsables del asesinato a sangre fría del compañero Carlos Fuentealba –añadió Alonso- se encuentran en libertad por decisión del Tribunal Superior de Justicia. Esas ratas abominables, encubridores de todos los delitos cometidos por el sobischismo y sus alcahuetes -añadió el dirigente-, también deben ser enjuiciados por los diputados de la provincia”.
Para Alonso, “llegó la hora de que Jorge Augusto Sapag, actual gobernador de Neuquén, empiece a demostrar que no es igual a Sobisch, y que si uno de sus intendentes ha tomado la aberrante decisión de integrar el gabinete municipal con un represor del pueblo, el señor gobernador deberá ser el primero en reprender tamaña aberración”.

Docentes y judiciales piden juicio político
El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN-CTA) y la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN-CTA) presentaron ante el Poder Legislativo provincial un pedido de juicio político, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos del doctor Eduardo José Badano, juez del Supremo Tribunal de Justicia, por gravísimas irregularidades en el sumario penal donde se investiga la muerte del maestro Carlos Fuentealba. En ese juicio, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, está imputado por la sociedad como principal responsable.
El Sindicato de Empleados Judiciales de Neruquén (SEJUN-CTA) y la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN-CTA) presentaron ante el Poder Legislativo provincial un pedido de juicio político, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos del doctor Eduardo José Badano, juez del Supremo Tribunal de Justicia, por gravísimas irregularidades en el sumario penal donde se investiga la muerte del maestro Carlos Fuentealba.
En ese juicio, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, está imputado por la sociedad como principal responsable. El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN-CTA) y la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN-CTA) presentaron ante el Poder Legislativo provincial un pedido de juicio político, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos a Eduardo José Badano, juez del Supremo Tribunal de Justicia, por gravísimas irregularidades en el sumario penal donde se investiga la muerte del maestro Carlos Fuentealba.
La presentación ante la Legislatura demuestra que el juez Badano realizó maniobras ilegales para sacar a Héctor Rimaro, Juez de la Cámara de Apelaciones, a fin de que no votara a favor de la participación de ATEN como parte querellante. Para concretar la maniobra, el magistrado del alto tribunal le otorgó una licencia por treinta días que Rimaro no pidió, y lo hizo basándose en un certificado médico falso.
El juez Badano –denuncia la presentación- se entrometió ilegalmente en la composición de la Cámara de Apelaciones y “ha incurrido en un claro mal desempeño de sus funciones otorgando una licencia no solicitada, basándose en un certificado que de antemano sabia no se correspondía con la realidad”, hecho que además fue denunciado ante la Justicia por el propio Rimaro.
Por la gravedad de la conducta del juez Badano, SEJUN y ATEN solicitan al Poder Legislativo el urgente inicio de juicio político que permita echar luz sobre la situación que se denuncia y se sentencie su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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